Las residencias se sienten «criminalizadas» por el control foral que familias y plantillas reclaman

La voz de las plantillas del sector, compuestas mayoritariamente por mujeres, la puso ELA. El sindicato se pronunció también a favor de la medida, aunque pidió más pasos y, sobre todo, resultados «a corto plazo» para conseguir efectos «reales». Al tiempo, planteó incidir más en la organización de los geriátricos para paliar «carencias» de personal y evitar que, en ocasiones, «un empleado de noche esté al cuidado de más de cincuenta internos».

Aitor Pérez, portavoz de la Asociación Empresarial de Gestores de Centros Asistenciales (Gesca), se hizo eco del disguto de las empresas ante lo que calificó como «un señalamiento hacia nuestra gestión». Insistió en que, por regla general, se respetan «los convenios y normativas provinciales y autonómicas» y remarcó que los gastos de personal están bien justificados. «Todos», puntualizó, se encuentran por encima del salario mínimo del sector en Bizkaia, «superior a los vigentes en muchas comunidades». No obstante, reconoció que hay diferencias. Entre otras razones, «porque unos centros cuestan más que otros y pueden ofrecer mejores salarios, o porque hay servicios que no se incluyen en el capítulo de personal, como ocurre en algunas cocinas, en la limpieza e incluso la jardinería».

Pérez dio especial relevancia en su discurso a los cuidados al usuario. Señaló que el porcentaje de gasto que se destina a este concepto «supera con mucho la media nacional». En el territorio vizcaíno, agregó, se mantiene un ratio de atención directa de «36 jornadas laborales completas (que se pueden cubrir con varios empleos a tiempo parcial) para cada cien usuarios», mientras que «el Gobierno central trata ahora de aprobar una mejora para lograr 33». En muchas provincias fuera de Euskadi, explicó, este indicador «no supera las 24 jornadas». De cualquier modo, recordó, la administración competente en esta materia no es la foral, sino el Gobierno vasco, que está revisando su normativa para decidir si incrementa legalmente el número de trabajadores que deben atender a cada residente.

Desde la asociación de familiares Babestu, mostraron su satisfacción ante el compromiso de la Diputación de reforzar la inspección y el control de las residencias, «algo que llevamos años reclamando». Su representante Iraide Urriz censuró que la gestión de estos centros se ha convertido en «un negocio que cada vez atrae a más fondos de inversión de otros países que solo buscan la rentabilidad». En este sentido, insistió en conocer «cuánto de lo que se paga al mes por una plaza -la red residencial en Bizkaia atiende a más de 10.700 usuarios- se destina realmente a la atención y el cuidado de los mayores y cuánto al mero beneficio».

Ander Akarregi, en nombre de ELA, sostiene que el acuerdo de Juntas Generales «saca a la luz la falta de transparencia que hay en el sector». Según puntualizó, de los 400 millones de euros que la Diputación destina al año a los servicios asistenciales -incluidos centros de dependientes y la integración social-, solo las residencias se llevan más de 255. «Y eso es mucho dinero público en ayudas para no saber ni lo que cobra la plantilla de un centro privado que se beneficia de ellas», argumentó.

El sindicalista considera «urgente» investigar también la gestión residencial en otros aspectos. Puso como ejemplo la alimentación, porque «muchos familiares denuncian que es de baja calidad». Iraide Urriz ratificó sus palabras y aludió a «menús que todavía incluyen panga, un pescado retirado hasta de los colegios». Ambos criticaron igualmente la falta de medios como grúas, «lo que multiplica el esfuerzo de las empleadas». Por todo ello, Akarregi abogó por emprender una reforma del sector para orientarlo hacia un modelo «mayoritariamente público, que garantice que los recursos se destinan realmente a la atención a los mayores».