Las residencias privadas suben hasta 300 euros al mes la tarifa a sus usuarios por la inflación

En las misivas enviadas por los centros y a las que ha tenido acceso EL CORREO se explica que este incremento de los precios se debe a la «subida de la inflación», así como al aumento de los costes que soportan los propios establecimientos. Desde Gesca, la patronal de las residencias, reconocen estas subidas, pero recalcan que «en los contratos» suscritos por los usuarios y sus familias con centros ya figura la posibilidad de trasladar a la tarifa la variación experimentada por el IPC. En 2022 el Índice de Precios al Consumo creció el 5,7%, aunque desde la patronal explican que, en función de en qué mes tiene fijado cada centro esta revisión, el aumento aplicado ha podido ser mayor. Hasta septiembre este indicador se mantuvo por encima del 8%.

En Babestu, la asociación de familiares, reconocen que existe un «enfado grande» entre los usuarios y sus parientes tanto por esta subida como por «la situación en la que se encuentran las residencias y la calidad de sus servicios, que no es digna». Recuerdan que el año pasado algunos geriátricos ya aplicaron incrementos de «hasta 400 euros» en sus tarifas y denuncian que «se está volviendo inasumible llevar a una persona a un centro privado».

Bizkaia cuenta con 154 residencias de mayores autorizadas por la Diputación, que ofrecen 10.748 plazas. De ellas, alrededor del 42% -cerca de 4.500- son totalmente privadas. El resto, o son públicas -una minoría-, o cuentan con algún tipo de concertación por parte de la Administración foral. El precio de una plaza en una privada varía en función del centro y de si la habitación es individual o compartida. El de referencia -el que paga la Diputación a los centros por cada una de las camas que pacta con ellas- es de 2.797 euros al mes. Hay algunas que están por debajo de esa cantidad, caso de la de Balmaseda, pero también otras que se sitúan por encima. Algunas en Bilbao llegan a 3.500 euros por una estancia individual o hasta 4.000 si es una doble ocupada por una sola persona. A todos estos precios hay que sumarle el IVA. En el caso de los concertados con la Administración foral es del 4%. Para los enteramente privados este impuesto es del 10%.

Aitor Pérez Artetxe, portavoz de Gesca, recalca que los centros no aplicaron ninguna subida de sus tarifas durante la pandemia, «ni en 2020 ni en 2021». Sin embargo «asumieron el incremento de costes que les supuso la crisis sanitaria». Uno de los más importantes, detalla, fue el de personal. Aumentaron las plantillas, algo que, en parte, tuvieron que realizar para hacer frente a las numerosas bajas laborales que han sufrido durante estos dos años, entre trabajadores que dieron positivo por covid o fueron puestos en cuarentena por ser contacto estrecho de un infectado.

Al de personal, añade Pérez Artetxe, ha habido que sumar la escalada de otros gastos como el de la luz, los alimentos, la limpieza, el vestuario o diferentes materiales. «Con el covid estimamos que nuestros costes han aumentado un 35% y es algo que en este tiempo no hemos repercutido sobre los clientes», defiende el portavoz de Gesca, quien resalta que, a diferencia de lo que ocurrió en otros territorios o comunidades autónomas, la Diputación de Bizkaia «no dio a las residencias ayudas para hacer frente a los gastos extraordinarios generados por el coronavirus».

La patronal justifica que la subida de tarifas aprobada por muchos centros busca «minimizar en parte el impacto que nos ha causado la pandemia». Unos equipamientos que, apunta Pérez Artetxe, aún no han recuperado los niveles de ocupación previos al covid. Durante la fase aguda de la crisis sanitaria «se paralizó el proceso de ingreso» y llegó a haber un 25% de plazas vacías en los centros de Bizkaia. Ahora ese porcentaje ronda el 15%.

En el caso de las plazas concertadas con la Diputación, no se incrementarán los precios públicos, según se recoge en la Norma Foral de Presupuestos. Esto es lo que paga la Administración vizcaína a las residencias por cada plaza concertada. Queda por ver cómo afecta esta situación a los usuarios. A aquellos que costean su estancia en una de estas camas convenidas con su pensión se les seguirá dejando 1.200 euros anuales o un 10% de su retribución por jubilación (o de su renta per cápita) para sus gastos personales. Lo que no supieron concretar ayer fuentes oficiales es cómo afectará el aumento del 8,5% aprobado para las pensiones. Por lógica, a estos usuarios se les seguirá reteniendo el mismo porcentaje (90%), pero de una cantidad mayor. Por tanto, algo más de dinero, aunque esto es algo que debe confirmar la Diputación.

En Babestu temen que el incremento de las tarifas también pueda afectar a aquellas plazas concertadas en las que la Administración vizcaína paga una parte y el resto lo abona el usuario con sus ahorros. Algo que desde la Diputación sostienen que no debería suceder al estar congelados los precios públicos para 2023. Xabier Monreal, portavoz de la asociación de familias, asegura que el año pasado a usuarios de plazas concertadas ya les subieron el recibo en varias residencias y no descartan que esto se repita en 2023. «Te enteras del incremento cuando te llega la factura», critica. En la asociación consideran que, «si las familias tenemos que asumir subidas por encima del IPC, la Diputación debería apechugar también y aumentar la ayuda que da por estas plazas, algo que no ocurre desde hace años».