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La Diputación de Bizkaia ha trasladado en lo que va de año dos expedientes a la Fiscalía por incumplimientos «graves» en residencias de mayores. Un centro de Ortuella se enfrenta a una sanción de «hasta 600.000 euros» porque no hubo ningún trabajador en el ... turno de noche del 1 al 2 de febrero, mientras que, en otro de Bilbao, se ha suspendido la actividad de manera cautelar, entre otras razones, porque hacía frío.
De estos expedientes ha dado cuenta el diputado de Acción Social, Sergio Murillo, en las Juntas Generales de Bizkaia, donde ha explicado que el 7 de febrero recibieron un email desde la propia residencia Otxartaga en el que advertían de que unos días antes, el 1, «el personal del turno de noche no acudió» a su puesto de trabajo «y el turno de tarde se fue sin dar el relevo».
Hasta la llegada de los empleados de mañana, «no hubo nadie para atender a las personas del centro», 88 en ese momento (las plazas ascienden a 120). La Diputación levantó un «acta», tras recoger también «testimonios del personal», y regresó el 16 de febrero con una nueva visita de inspección a las 21.20 horas, en la que «se comprueba» que el procedimiento seguido «es el acorde» para dar el relevo del turno.
204 inspecciones
realizó en 2022, de las que 11 estaban relacionadas con el covid.
21 infracciones
detectaron los servicios de inspección, parte de ellos relacionados con una residencia de Barakaldo.
El 23 firman el informe final, donde concluyen que, con la ausencia de personal, hay «numerosos preceptos vulnerados» de la normativa reguladora, de manera que incoaron «un expediente sancionador por infracción muy grave». «El incidente del 1 al 2 de febrero no garantizó los cuidados continuados o atención personalizada», ha subrayado Murillo, que asegura que, «un acta» de una reunión de urgencia celebrada por los trabajadores tras el incidente, recoge que fue «una cadena de errores completamente involuntarios» la que llevó a esa situación. Consultados por este periódico, los responsables del centro no han querido hacer valoraciones.
La segunda de las residencias, Andia, fue clausurada de forma cautelar el 7 de marzo. Acción Social tuvo conocimiento, «a través de otra administración», que «la temperatura era baja» en este centro, «inferior a los 21 grados» exigibles por ley para este tipo de instalaciones. El 15 de febrero realizaron la primera visita a este centro, con quince plazas autorizadas y que en el momento de los hechos alojaba a cuatro personas. Ese día comprueban que «no alcanza los niveles adecuados para confort técnico».
Sergio Murillo
Diputado de Acción Social
El 22 de febrero, en una segunda inspección, detectan «otras deficiencias de mantenimiento, limpieza...» y la temperatura media «sigue sin alcanzar» los 21 grados. Dos días más tarde, realizan una tercera visita, y el 27 de febrero, una cuarta en la que se siguen incumpliendo las medidas. El 1 de marzo regresan y ya el 2 se emite una orden foral de «suspensión de actividad», por lo que los mayores son trasladados «el 4 de marzo» a otro lugar. La responsable de la residencia, Manuela Granja, lamenta la situación, que achaca a que, cuando llegaron los inspectores, «las ventanas estaban abiertas» para favorecer «la ventilación cruzada». La propietaria reconoce que, en las visitas, «no se alcanzaba la temperatura», si bien subraya que «llevamos 26 años» y que tienen una reputación «intachable».
Murillo ha querido destacar, en cualquier caso, que estas situaciones «son excepcionales», y que se han dado «en dos» residencias de las «155» existentes. Y ha insistido en que, «con las personas mayores, o se cumple, o no se trabaja» en Bizkaia. El diputado, en su comparecencia, ha hecho un repaso además a la actividad inspectora del 2022, con 193 visitas a centros y otras 11 vinculadas a las medidas covid. «Son un incremento del 10% respecto al año pasado y de un 23% con respecto al inicio de la legislatura», ha señalado.
La labor de inspección «es cada vez mayor» y el pasado año arrojó «21 incumplimientos de requisitos materiales y funcionales», concentrando varias de ellas, «Nuestra Señora de Leire, en Barakaldo, que culminaron con el cierre del centro».
El diputado de Acción Social, Sergio Murillo, también ha dado cuenta en la comisión de las Juntas Generales de los resultados de la encuesta de satisfacción sobre el servicio de residencias. Se contactó, entre finales de 2022 y comienzos de 2023, con 1.824 familias, «un tercio» de las «personas de referencia» de los internos. La valoración general es buena, de un 7,9 sobre 10. «Un 67,4% dan una nota de entre 8 y 10 y solo el 4,6% dice estar insatisfecho», ha destacado el responsable foral, que ha reconocido que «el ítem» con la aprobación «más baja» es el de «la suficiencia de personal».En este ámbito, las familias puntúan con un 5,85 la afirmación de que «el centro cuenta con personal suficiente para atender a las personas que viven en él», muy por detrás de otros aspectos como «los cuidados, la higiene y la vestimenta», que alcanzan el 7,79; los seguimientos y controles periódicos a los residente, con un 7,84; o «el trato dado por el conjunto de los trabajadores», que obtiene la valoración más alta con un 8,42.
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