La regulación fuerza el cierre de 272 pisos turísticos en Bizkaia en menos de un año

Buen ejemplo de este proceso es la evolución que ha vivido Bilbao en este periodo. En abril del año pasado, dos de cada tres pisos turísticos se alquilaban al margen de la legalidad. O mejor dicho, sólo 174 estaban regulados mientras que en las páginas webs se podían alquilar más de medio millar. Hoy, oficialmente están registradas cerca de 275 viviendas en la capital vizcaína, mientras que la oferta 'online' apenas roza las 300 incluyendo habitaciones sueltas.

En este descenso ha tenido una especial incidencia la limitación de esta actividad por parte del Ayuntamiento bilbaíno sólo a los inmuebles ubicados en la primera planta de los edificios. Una restricción que ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia por la Asociación de Viviendas Turísticas de Bizkaia, Asovitur, por considerar que va en contra de «la competencia y la libertad de empresa». Así también lo entiende la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha llevado el caso a los jueces tras negarse la institución local a retirar estos condicionantes. En cualquier caso, el portavoz del sector en la provincia, Álvaro Crespo, reconoce que la medida ha cumplido su objetivo: a los asociados a los que se les ha dado de baja en el registro del Gobierno vasco «están tirando la toalla porque, aunque haya una treintena de recursos particulares, las sentencias definitivas podrían demorarse años y exigir gastos que pocos se pueden permitir».

El consejero de Turismo, Alfredo Retortillo, remarcó ayer que el control sobre las 2.200 viviendas turísticas contabilizadas en Euskadi (1.600 en Gipuzkoa, 550 en Bizkaia y 105 en Álava) se verá reforzado con el decreto que regulará esta actividad, que ya ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno del Ejecutivo autónomo y entrará en vigor en cuanto se publique en el boletín oficial del País Vasco. Su objetivo es ofrecer seguridad jurídica a este tipo de alojamiento y dotar de todas las garantías a dueños, usuarios y vecinos. Estos últimos, por ejemplo, podrán vetar la apertura de un piso turístico siempre que así lo refleje la comunidad de residentes en sus estatutos. El decreto, entre otras cosas, obliga a colocar un distintivo en la entrada, marca unas dimensiones mínimas del alojamiento (25 metros cuadrados en una casa para una persona y 15 por usuario si son tres o más) y contempla sanciones de hasta 100.000 euros para los incumplimientos graves.