Se recrudece la guerra en la patronal del comercio vizcaíno

El Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao ha desestimado la demanda interpuesta por Luis Rodríguez contra la Delegación Territorial de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco y ha establecido que la marca Amubi, que engloba a la asociación de comercio minorista del mueble y de la que el demandante fue presidente, solo puede ser utilizada por Cecobi.

Esta resolución ha puesto de manifiesto las diferencias existentes entre «dos facciones enfrentadas» ante acuerdos adoptados «en el seno de una misma asociación». No obstante, el magistrado ha dado la razón a Pedro Campo al recordar que el principal directivo de Cecobi inscribió a su favor el nombre de Amubi dentro del registro de patentes y marca español. El fallo no solo desestima la demanda, sino que rechaza también las medidas cautelares exigidas por Rodríguez.

El pasado 11 de enero la patronal vizcaína volvió a inscribir, en esta ocasión en el Registro de Asociaciones del Ejecutivo autonómico, el acta de la asamblea electoral de la federación minorista del mueble. Presentó, además, un documento oficial que, en su opinión, «demostraba que la marca Amubi es propiedad de Cecobi. Así ha sido siempre y así continuará siendo», subraya el presidente.

Rodríguez reaccionó dos días después con la impugnación del registro. Solicitó la anulación del citado trámite e interpuso una demanda contra la Administración autonómica, que el Juzgado de lo Social número 6 rechazó a mediados de febrero. Negó, asimismo, la solicitud de medidas cautelares tras reconocer que se habían cumplido «todos los requisitos» en el proceso electoral. El fallo recoge que se comunicó a Rodríguez «una advertencia» para evitar el uso del distintivo Amubi tras quedar registrado «en beneficio de Cecobi».

Esta resolución se suma a la dictada en su día por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de la capital vizcaína, que legitimó la presidencia de Campo y afeó la conducta de la plancha liderada por Alonso, así como la actitud de Julián Ruiz, exsecretario general, que tenía asignado un sueldo de casi 100.000 euros anuales. Campo presentó, a finales de 2021, una querella criminal contra Ruiz por la comisión de, «al menos», tres delitos. Le acusó de «falsedad contable, apropiación indebida y administración desleal». El abogado de la organización mercantil señaló que Ruiz se negaba a facilitar «todo tipo de documentación», además de llegar a fijar «sus propios emolumentos». El juez descartó que la candidatura de Campo fuese «irregular» y garantizó que las elecciones se realizaron en el marco de los requisitos que establecían «los estatutos de Cecobi».

Lejos de menguar, la tensión se ha incrementado en los últimos meses. La patronal ha aprovechado estas últimas semanas para constituir la nueva junta de Amubi, que presidirá A lberto Carbajo, gerente de la empresa Oilar. Con más de 30 años de experiencia en el sector del mueble, trabajará junto a Arantza Rego, en calidad de vicepresidenta, e Iñaki Burgo como tesorero.

En esta nueva etapa Cecobi intentará «dar visibilidad» al sector con «nuevas propuestas y acciones» que impulsen el proceso de «renovación». Su responsables mantienen que tras la pandemia los negocios minoristas otean un futuro distinto, pese a ser conscientes de la «dificultad» del desafío. Carbajo ha puesto también el foco en la mejora de la «cualificación» de los trabajadores y en el acceso a las ayudas procedentes de la Unión Europea.