El RACVN acude al Tribunal Superior para tumbar la ordenanza

Están armando el asunto por dos vías diferentes. El primer argumento es que se trata de una norma que vulnera el principio de igualdad porque se está limitando un derecho, el de la movilidad, a personas que tienen coches viejos. Es decir, «se está discriminando a las familias más débiles, a las que tienen rentas más bajas y no se pueden comprar coches nuevos». Es un debate presente también en otras ciudades donde se ha implantado la misma medida.

El segundo argumento tiene que ver con la proporcionalidad y efectividad de la norma. «En el Ayuntamiento siempre dicen que la calidad del aire es buena, que no hay contaminación; si eso es cierto, ¿por qué limitar derechos de movilidad?». Además, está lo de medir los resultados de estas restricciones. «Dicen que tienen mediciones para justificar la ZBE y para medir sus progresos», pero para el RACVN esto no está claro ni se ha informado debidamente.