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Segundo Saa, un vecino de Güeñes que ejerció como abogado en Bilbao durante más de dos décadas, quiere que se haga justicia. En verano de 2015, sufrió un accidente en la tirolina de El Barranco Perdido, un parque multiaventura de titularidad pública situado en ... Enciso, en La Rioja. Hoy camina con muleta, sufre mareos y debe tomar medicación neurológica para evitar ictus, además de sentir un dolor «neuropático». Le han reconocido una minusvalía del 72% y en diciembre de 2017, la incapacidad permanente absoluta. Tuvo que dejar su oficio y vive de una pensión. Pero llevó su caso al Juzgado de Instrucción número 2 de Calahorra al creer que los responsables del parque lo son también de un delito de lesiones por imprudencia. El pasado día 19, declararon como investigados representantes de La Rioja Turismo, empresa pública propietaria, la Compañía Maderera del Ocio y Aventura, instaladora de la tirolina, y Rioja Aventura, la firma que suministraba a los monitores. Saa tiene una mujer que también sufre una minusvalía del 52% y dos hijos pequeños con los que participaba en muchas actividades deportivas cada fin de semana. «Antes, era instructor de buceo», ilustra.
El 4 de julio de 2015, después de completar el circuito multiaventura de El Barranco Perdido con su crío mayor, montó en la 'Supertirolina', inaugurada dos meses antes y que recorre unos doscientos metros. Mientras bajaba, se dio cuenta de que «iba muy rápido» y cuando llegó al tramo final, «el sistema no frenó de forma adecuada, así que me plegué sobre mí mismo para protegerme de la violencia del impacto, golpeándome con la cabeza en las rodillas». La plataforma de llegada estaba a una altura de siete metros y la única forma de bajar al suelo era por la cuerda o las escaleras, lo que hizo con mucho dolor.
Después del golpe, en recepción le indicaron que acudiese al puesto del socorrista, que le aplicó Trombocid. «No había ambulancia, ni me informaron de la posibilidad de solicitarla». Saa interpuso una reclamación cuando abandonó las instalaciones con su familia. Se dirigió al hospital de Calahorra al día siguiente, tras dormir mal. Allí le detectaron la rotura de dos vértebras cervicales (C5 y C6) y le derivaron a Cruces, donde permaneció ocho días ingresado en la unidad de lesionados medulares. Le intervinieron de la fractura cervical el 13 de julio y, más tarde, tras un escáner cerebral, le diagnosticaron una «rotura de arteria cervical», prescribiéndole medicación anticoagulante.
Segundo asegura que el parque trata de «culparle» del accidente al achacar sus daños a un fallo postural. «Me había tirado muchas veces de diferentes tirolinas y me lancé en la postura que indicaron. Me han destrozado la vida y la de mi familia, ya no puedo realizar actividades con mis hijos, y encima, quieren tomarme el pelo». Así que denunció que la tirolina no podía estar abierta en esos momentos, porque la velocidad del viento era superior a los 15 kilómetros por hora, a partir de los cuales se prohíbe su uso «tal y como se advierte en las placas que colocaron tiempo después». Advirtió al juez de las carencias «de seguridad de la infraestructura, como la inexistencia de frenado de urgencia, que faltaba personal porque solo había un monitor en la tirolina, no tenían la formación necesaria»... De hecho, se investiga si, tal y como denunció, se aportó un documento falso para demostrar que el monitor había realizado el cursillo necesario «cuando entró a trabajar dos meses después de que se impartiera». Saa también ha solicitado información sobre la adjudicación de la tirolina por el procedimiento de urgencia, que le ha sido denegada. Cree que hubo «una obra mal ejecutada, con personal inexperto, con el agravante de que quieren culpar a la víctima para exonerarse», apunta.
Ahora, se abren diferentes escenarios. Puede que el juzgado archive la causa al no percibir indicios de delito penal y que se remita a un tribunal civil. En caso contrario, y si no hay acuerdo entre las partes, Saa presentará el escrito de acusación el mes que viene y espera que la Fiscalía haga lo propio. Pedirá una cuantía considerable en concepto de indemnización. Las penas de lesiones por imprudencia oscilan entre uno y tres años de cárcel. «Era una persona muy activa, y una tirolina para todos los públicos me ha dejado casi tetrapléjico. De haber admitido la culpa hubieran evitado mi ira, pero considero una auténtica canallada lo que han hecho», asegura. Portavoces del Gobierno de La Rioja declinaron dar su versión de lo ocurrido al considerar que toda la información ha de ser canalizada a través del Juzgado.
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