«Me quedo en la calle con tres hijos»

«Entiendo al propietario, él no tiene culpa y sé que le he fastidiado, pero tampoco tienen la culpa mis hijos. Yo no he dejado de pagar porque he querido, no ha sido un error mío». La mujer se refiere a que le suspendieron la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) cuando más lo necesitaba, después de separarse de su marido y cuando iniciaba los trámites del divorcio.

El juicio por el divorcio contencioso no se celebrará hasta el 30 de enero y, sin embargo, Lanbide le exigía que presentara la sentencia o el convenio regulador en el que le asignaban la tutela de los niños. El Servicio de Empleo le reprochaba que no hubiera «hecho valer el derecho de alimentos» que le corresponde al padre.

«Pero qué le voy a reclamar a él si es insolvente. Y me parecería injusto no dejarle ver a los niños porque no me pase la pensión, le estaría haciendo daño a ellos. Tenemos una relación muy buena, ve a los críos todos los días, no sólo los martes y jueves», advierte. Además, tampoco le habían asignado aún la letrada de justicia gratuita que había solicitado para que le realizara los trámites y pudiera presentar la demanda por la pensión de alimentos.

Al perder la ayuda, Sonia dejó de pagar los 560 euros mensuales de alquiler y debe al propietario más de un año. «Hemos sobrevivido los cuatro estos meses con una prestación de desempleo de 250 euros y la ayuda de los amigos». Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Portugalete le han facilitado ayudas de emergencia para pagar la luz, porque también se la cortaron, y Caritas, cheques de compra para alimentos.

El pasado julio se celebró en Barakaldo el juicio por el desahucio, en el que el propietario le reclamaba 5.000 euros más los intereses, pero la jueza no atendió sus alegaciones por su situación personal de estar a cargo de tres menores y tener suspendida la RGI, y ordenó el lanzamiento para el pasado 23 de octubre. «Vinieron del juzgado, mi abogado y el dueño pero tenía a la niña encamada con catarrazo y la jueza me dio un plazo», que se cumple el 19 de noviembre.

Durante estos meses, los Servicios Sociales de Portugalete han solicitado al Gobierno vasco que le conceda un alquiler social de forma urgente, pero el caso sigue inmerso en un círculo vicioso. «Sería la solución», cree ella. Sin embargo, aún no ha obtenido una respuesta, según Sonia, porque «tengo que tener una sentencia de divorcio».

Sus padres viven en Sodupe, y si no tiene otra salida, ellos la acogerán con sus tres pequeños, pero «seríamos nueve porque también están allí mi hermano, su mujer y su hijo». Pese a todo cree que sus hijos «son felices. Este año les han faltado cosas, no tenía dinero para comprarles zapatillas y en los cumples me ponen dinero dos amigas, pero vivir de prestado es duro».

Sonia ha intentado evitar a los críos el disgusto de vivir sin saber dónde van a dormir la semana que viene, «prefiero llorar yo sola». «Si no tengo dónde ir, la Diputación me retira la custodia y si me quitan a mis hijos me matan», se duele entre lágrimas.

Estos últimos días ha recibido alguna noticia positiva. Lanbide le ha devuelto de forma provisional la RGI más el complemento por vivienda, mientras se resuelve la demanda en la que acusa al Servicio vasco de Empleo de un «error administrativo» e incluso le pide una indemnización por daños y perjuicios.

El Ayuntamiento portugalujo le ha concedido una ayuda para la fianza de un piso de alquiler, pero el propietario se ha echado atrás. «Nadie te quiere alquilar si cobras la RGI, no se fían». Ahora busca «un sitio para estar con mis hijos que pueda pagar. No quiero que nadie me regale nada».