«No se puede pasar página sobre la catástrofe de las residencias en la pandemia sin una investigación»

También querían, con este acto reivindicativo, recordar que el Ministerio Fiscal archivó la denuncia presentada por 18 casos de «negligencias» durante la pandemia en complejos asistenciales vizcaínos. Marisa Santín, una de las denunciantes, ha tomado la palabra y ha lamentado que «la única investigación que se hizo fue llamar a las residencias a pedir información» y que «no se recibió» a los allegados de los mayores.

«La Fiscalía alerta de que la ausencia de denuncia es uno de los principales problemas a los que se enfrenta a la hora de atajar situaciones de maltrato a la tercera edad», ha leído esta afectada, que ha reprochado a renglón seguido que, en su caso, falte «un cierto nivel de empatía y un mayor esfuerzo por parte de nuestras instituciones». En ese sentido, ha señalado que, el 26 de abril, Babestu mantuvo una reunión «con la fiscal de discapacitados y personas mayores del País Vasco» para pedir que se reabrieran las 18 investigaciones, encuentro en el que «fuimos escuchados amablemente» pero que no tuvo «ningún efecto positivo».

La concentración de este jueves ha estado, en cualquier caso, marcada por el borrador del decreto de residencias que prepara el Gobierno vasco, que salió a la luz el martes. Este documento, que pretende modificar la normativa de 2019, está dirigido, según el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, a «mejorar la calidad del servicio», entre otras cosas prohibiendo con más firmeza las sujeciones, promoviendo centros con habitaciones más grandes, aumentando un 15% las ratios de personal... Sin embargo, tanto Babestu como las trabajadoras presentes han criticado la futura normativa.

Iraide Urriz, portavoz del colectivo de familias, ha considerado la propuesta «un parche, propaganda para las elecciones». «Seguimos igual y no sabemos realmente en qué cambian lo de las ratios. Queremos saber a cuántas personas tiene que cuidar cada trabajadora», ha lanzado. Una empleada de residencias ha denunciado que el borrador recoja «que haya una trabajadora para atender a 50 personas por la noche y que a eso se le llame una mejora» y ha reclamado que «este servicio sea público y de calidad».