«Se puede expulsar a unos okupas por la vía civil en cinco días, pero se desconoce»

- ¿Cuántos juicios se han suspendido en su partido judicial?

- Según el recuento, 1.200 y se han pospuesto 500 declaraciones de víctimas, testigos, investigados... en fase de instrucción, lo que ha supuesto la paralización de esos procedimientos con graves consecuencias. Se ha parado tres meses de funcionamiento a pleno rendimiento, marzo, abril, mayo y parte de junio.

- Salvo los asuntos «esenciales», ¿cuáles son?

- Las guardias, las causas con preso, violencia de género, internamientos, algunas incapacidades y excepciones en familia, lo que supone un porcentaje muy pequeño. En Civil, hasta los transplantes quedaron suspendidos. Y hacer esos servicios era complicadísimo sin medios.

- Las agendas de los juzgados ya estaban llenas y ahora hay que recuperar el tiempo perdido. ¿Cómo van a ponerse al día?

- Tenemos la suerte de que en Primera Instancia, el nivel de pendencia es inferior a la media, unos dos meses en salir el juicio. Tenemos que favorecer a los 'penales', que es de entre ocho meses y un año. Hicimos una junta virtual de jueces y acordamos que ellos no suspendieran más vistas y que los demás señalaríamos menos, para que así pudieran tener tres o cuatro días de juicios a la semana. Nosotros celebramos por la tarde. La seguridad es prioritaria. Intentaremos recuperar el ritmo a final de año.

- ¿Cuáles son los juzgados más afectados?

- La gran complicación va a ser recolocar los 230 juicios suspendidos de Penal y 240 de Familia. Además de los nuevos casos que vayan a llegar, como demandas para modificar la pensión alimenticia o modificaciones del régimen de visitas. Nos esperan meses muy duros de trabajo. Tendremos que valorar la posibilidad de pedir un refuerzo, aunque habrá que esperar un poco porque ahora ni siquiera podemos celebrar el 100% de los juicios por los aforos y la cita previa. Tenemos que tener mucha paciencia. La seguridad es muy importante, no nos podemos relajar, y esperemos que no haya rebrotes.

- ¿Tienen suficientes medidas de protección?

- Se han entregado mascarillas, geles y guantes a todos los trabajadores. Tenemos que concienciarnos de que lo más eficaz es trabajar con mascarilla, aunque sea pesado, porque es imposible guardar la distancia de seguridad en ascensores y pasillos.

- El Consejo General del Poder Judicial ha hecho pruebas de Covid a los jueces. ¿Y los funcionarios?

- Lo desconozco. En la revisión anual se han incorporado test para saber si somos inmunes. La idea era hacerlo antes de volver a la actividad. Pero tienen una eficacia limitada en el tiempo. La seguridad tiene que ser para todos. Hay puestos, como el juzgado de guardia, que están más expuestos. La semana pasada una funcionaria se levantó con fiebre y se ha ordenado su aislamiento.

- ¿Han tenido positivos?

- En la segunda mitad de marzo fue nuestra principal preocupación. El juzgado de guardia tuvo varios focos y hubo que desplazar el servicio a otro espacio descontaminado. Ya no.

- Los jueces vascos se han quejado de que no podían teletrabajar en el confinamiento.

- Aún no tenemos el expediente electrónico. Todo está en papel. Espero que esto sirva para que el Departamento de Justicia se lo marque como objetivo prioritario. La tramitación de los procedimientos no se tenía que haber parado, deberíamos haber podido trabajar desde nuestros domicilios como los compañeros de otras comunidades.

- ¿Entiende que la gente se indigne cuando un multirreincidente queda en libertad?

- El malestar en la opinión pública claro que lo entiendo, pero hay un gran desconocimiento de la función y, sobre todo, de nuestros límites. Detrás de una decisión judicial hay un marco normativo y un contexto, y el compañero habrá valorado los requisitos. En el juzgado de guardia, la prisión provisional se tiene que pedir por el fiscal o la acusación particular, no podemos actuar de oficio. Además, tiene que haber indicios y que la pena por el delito tenga una duración determinada. Igual las leyes no ofrecen la respuesta que la ciudadanía o la víctima buscan, pero ese es un debate que no nos compete a los jueces y ha de hacerse con sosiego, no en un momento de crispación social. Es cierto que los jueces tenemos que mejorar la comunicación.

- En su partido judicial han tenido varios casos de ocupaciones. ¿Qué se puede hacer?

- Sobre todo en Portugalete. La gente acude al derecho penal, al juzgado de guardia a denunciar por inercia, pero en el procedimiento civil hay una vía más ágil que la gente desconoce. Si la otra parte no presenta documento o prueba, se puede acordar el lanzamiento de los 'ignorados ocupantes', como se les denomina en lenguaje jurídico por la dificultad de identificación, en cinco días, sin perjuicio de que haya un juicio posterior.

- Falló que llamar hijo de puta a un policía no era una falta de respeto. ¿No cree que los jueces están alejados de la sociedad?

- Fue hace años, yo estaba de jueza instructora. A veces no cabe una correlación entre lo que pensamos y el derecho penal, entre el lenguaje gramatical y el jurídico. Si me llaman hija de puta, por supuesto que me parece una ofensa, pero la norma exige un plus. De hecho, en el nuevo ordenamiento las antiguas faltas de respeto a la autoridad se han despenalizado.

- ¿Se va trasladar el juzgado de violencia de Barakaldo a Bilbao?

- Es una propuesta de la sala de gobierno del Tribunal Superior en el marco de un plan más amplio de 'comarcalización'. Se busca centralizar servicios en la capital para evitar desplazamientos a las víctimas y que estén allí forenses, asistentes... El Consejo tendrá que pronunciarse.