El proyecto de la Diputación para reorganizar a sus 3.000 funcionarios no consigue arrancar

El primer informe foral que alerta sobre la necesidad de «racionalizar» los servicios públicos fue elaborado en 2016, aunque la cuestión viene de antes. A comienzos de siglo el entonces diputado general Josu Bergara ya planteó la posibilidad de trasladar parte de las sedes y servicios que ofrece la institución a lo que ahora es la Torre Iberdrola, que aún estaba por construirse. Luego llegó la crisis económica y José Luis Bilbao paralizó la operación.

No fue hasta comienzos de 2018 cuando se dio a conocer públicamente que existía un Plan de Sedes elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers (PWC) y que la Diputación volvía a darle vueltas al tema. De hecho, diferentes portavoces de la institución reconocieron que la situación actual es «poco razonable» y que el objetivo era construir o hacerse con un edificio en el que reubicar al menos a 1.000 de los 3.000 trabajadores forales. Aquel otoño el Gobierno vizcaíno alquiló la Torre Bizkaia.

El icónico rascacielos de la Gran Vía fue reacondicionado y desde hace año y medio acoge el BAT, el centro internacional de emprendimiento. Es uno de los proyectos estrella de la Diputación así que sus necesidades tienen prioridad absoluta. ¿Qué quiere decir? Que el Plan de Sedes volvió a quedar en suspenso hasta comprobar si el vivero funcionaba. Y parece que lo hace porque el Gobierno foral ha anunciado recientemente que va a ampliar sus instalaciones. Ahora ocupa cuatro plantas de la Torre Bizkaia -de la 6 a la 9-, se extenderá otras cuatro -de la 10 a la 13- y se reservarán dos más para más adelante -la 14 y la 15-. Eso deja finalmente los seis últimos pisos -de la 16 a la 21- para otro tipo de servicios públicos. Blanco y en botella.

El nuevo Gobierno foral que lidera Elixabete Etxanobe incluyó la reorganización de sedes entre los objetivos principales de su plan de mandato. De hecho, estima que el proyecto requerirá una inversión de 50 millones y el dinero está reservado para cuando sea necesario. Pero antes la institución cree necesario actualizar los análisis realizados en 2016 y 2018 para adaptarlos a la realidad actual. Hay más teletrabajo, muchos trámites digitalizados, las normas de accesibilidad se han ampliado... «La pandemia vino a alterar muchas cosas y han surgido necesidades nuevas», justifican los técnicos de la Diputación en el pliego de condiciones que acompañaba a la convocatoria del concurso público lanzado a finales de marzo para retomar el asunto.

La licitación ofrecía un presupuesto de 80.000 euros y solo ha contado con un aspirante. Según ha podido saber este periódico, PWC, la consultora que realizó el primer Plan de Sedes y que también gestiona el BAT de la Torre Bizkaia, ha sido la única que ha presentado una oferta para actualizar el proyecto foral. No obstante, su propuesta ha sido rechazada por cuestiones de forma. Concretamente, la firma se ofreció a redactar el informe requerido en un tiempo menor al exigido y lo planteó en una fase del concurso en el que se valoran otro tipo de criterios «no cuantificables». El concurso fue declarado desierto definitivamente por la Mesa de Contratación el pasado 25 de abril.

Salvo que aparezcan otros aspirantes, es de suponer que cuando se relance la licitación -proceso que aún no tiene fecha- PWC solventará el error previo y acabará asumiendo la redefinición del Plan de Sedes. La Diputación exige a la futura adjudicataria que, además de inventariar los inmuebles de la institución y analizar sus pros y contras exhaustivamente, ponga sobre la mesa cinco alternativas para el futuro. Entre ellas podría estar la construcción de un nuevo edificio o rehabilitar alguno de los existentes. El Ejecutivo territorial se marca un plazo de entre diez y quince años para culminar un proceso en el que solo hay unos pocos edificios intocables: el Palacio Foral construido en 1900, por sus condiciones históricas e icónicas, la Biblioteca situada al lado y la sede del Departamento de Hacienda de la calle Capuchinos.