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Lo que ayer pasó en Bilbao y hoy en Barakaldo es para reflexionar sobre el término proporcionalidad. Lo han hecho con intensidad especial las miles de personas que se vieron atrapadas en atascos kilométricos, y también las que han tenido que buscarse rutas alternativas para ... entrar en la ciudad por el corte, en hora punta, de los accesos del Gran Bilbao. ¿Qué tiene todo esto que ver con la proporcionalidad? Que el caos fue provocado por un grupo de huelguistas (300 cuando más) en unas protestas que se enmarca dentro del conflicto del sector del Metal.
La situación es endiablada porque el derecho de manifestación es sagrado, indiscutible, incuestionable. Pero, ¿es justo que 120 ó 200 personas alteren la vida de una ciudad en un momento esencial en su rutina diaria? ¿Y si fueran 1.200 personas? ¿O 12.000? ¿Y si fueran 12? ¿Qué dicen nuestros representantes?
Juan Mari Aburto | Alcalde
El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, preguntado por este asunto, respondió ayer que «hay que respetar el derecho de manifestación», aunque también dijo que debe buscarse el equilibrio con otros derechos, como es el de llegar al trabajo... Pero no fue más allá. El concejal de Movilidad y teniente de alcalde, el socialista Alfonso Gil, sigue la misma línea y recuerda que protestar es una facultad de la ciudadanía «constitucionalmente reconocida». En la Diputación, administración titular de la carretera afectada, esgrimen que únicamente atendieron los requerimientos de la Policía Municipal y la Ertzaintza para proceder al corte de la calzada. Los uniformados, en general, siempre tienen en cuenta criterios de seguridad para tomar este tipo de decisiones y evitar males mayores cuando un grupo de personas va a manifestarse. Antes, los huelguistas siempre deben pasar por el Departamento de Seguridad.
Pero el Gobierno vasco no aclaró ayer ni el día preciso en el que solicitaron los sindicatos autorización para la manifestación. Fuentes oficiales de la consejería se limitaron a explicar que todos los actos de protesta del Metal fueron anunciados al departamento al mismo tiempo e insistieron en que los convocantes de una movilización no tienen que pedir permiso para llevarla a cabo. Su única obligación es «comunicarla» dentro de los parámetros previstos en la Ley Orgánica 9/83, que regula el derecho de reunión y manifestación.
En todo caso, la marcha que discurrió ayer entre la desembocadura de los túneles de San Mamés y la sede de la patronal, en la Plaza Euskadi, no estaba recogida dentro de los actos reivindicativos que anunciaron los sindicatos en su convocatoria de cinco días seguidos de huelga. Tampoco los cortes de tráfico que han protagonizado esta mañana en el puente de Rontegi.
Seguridad recordó que la mencionada Ley 9/83, en el artículo octavo, establece que este tipo de actos «deberán ser comunicados por escrito a la autoridad gubernativa» con una antelación de «diez días naturales, como mínimo y treinta como máximo». La comunicación sólo podría hacerse con antelación mínima de 24 horas en caso de «causas extraordinarias y graves» que justificasen la «urgencia» de la protesta.
No obstante, el artículo diez de esta ley establece que la autoridad podrá «prohibir» o modificar «la fecha, lugar, duración o itinerario» de una manifestación si considerase que puedan producirse «alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes». Esta resolución debería adoptarse de manera «motivada» y debería ser notificada en el plazo máximo de «setenta y dos horas» desde la comunicación de la marcha.
¿Podrían haberse hecho mejor las cosas? Ningún dirigente de los consultados quiere ser demasiado categórico, ni mucho menos crítico. Pero en las administraciones locales son muchos los que miran hacia el Gobierno vasco y consideran que quizás sería necesaria una reflexión, precisamente, sobre los criterios a la hora de autorizar ciertas actuaciones cuando suponen afecciones tan intensas en la vida de miles de personas. Claro, la reflexión es incómoda porque, ¿quién sabe qué éxito va a tener una convocatoria antes de que se produzca? Y, por otra parte, ¿cómo se decide en qué zonas vetar una movilización para que no moleste, cuando es precisamente ese derecho el que está en juego? Esas cuestiones quedaron ayer en el aire.
derechos
Lo único que está claro es lo que está ocurriendo. El martes la Diputación de Bizkaia informó a media tarde de que al día siguiente, se iban a cortar los accesos de San Mamés a partir de las 7.30. Al final, la situación se prolongó hasta las 9.30, y luego se reprodujo, de forma intermitente, hasta las 10.40. Entre que el aviso llegó con escasa antelación -unas doce horas antes del cerrojazo- y que se trata de un punto delicado, el saldo fueron atascos en la A-8 de doce kilómetros en sentido San Sebastián. Los mismo con la de hoy en Barakaldo.
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