Una promotora exige a Bilbao 2,6 millones por una operación inmobiliaria en Indautxu

El origen de este enfrentamiento se remonta a 2018, cuando la firma inmobiliaria solicitó licencia para levantar un bloque de 52 viviendas en el citado emplazamiento, una parcela muy golosa, ya que está ubicada muy cerca de Sabino Arana y del corazón comercial del barrio. El precio medio de venta de los inmuebles resultantes ha sido de 5.000 euros el metro cuadrado (sin contar el IVA), según se desprende de la documentación a la que ha tenido acceso EL CORREO. Los garajes, por su parte, han salido al mercado a 40.000 euros.

El Grupo Promotor Escuza obtuvo los permisos municipales y comenzó la obra pero, antes de que finalizaran los trabajos, se produjo un desacuerdo entre las partes por el aprovechamiento que las normas urbanísticas establecían para la parcela. Es decir, la cantidad de suelo y espacio que ocupan todos los elementos de un edificio, incluidos los sótanos. La inmobiliaria presentó un proyecto en el que no se agotaba este parámetro. Después pidió recibir dinero por el sobrante o traspasar este terreno a otra iniciativa urbanística. Para ello solicitaban inscribir los derechos en lo que se conoce como Registro Municipal de Transferencias.

Algo a lo que se negó rotundamente el Consistorio, al entender que si la promotora no construía más, era simplemente porque no le interesaba y que, desde el punto de vista de la ciudad, era preferible que ejecutara todos los derechos. Definidas las posiciones, Grupo Promotor Escuza planteó un primer recurso ante los tribunales.

La sentencia llegó en junio de 2020. El juez dio parcialmente la razón a la empresa, alegando que el Ayuntamiento tenía que haberle otorgado un plazo de seis meses tras advertirle de que la promoción no agotaba todo el aprovechamiento. El magistrado constató que el Consistorio «eliminó este derecho» y por eso le obligó a retrotraer las actuaciones y abrir un periodo de medio año para que la inmubiliaria pudiera modificar su plan.

El problema, ha alegado ahora la mercantil, es que «resulta absolutamente imposible» cambiar la hoja de ruta puesto que, sostienen, parte de la estructura ya está levantada y se han vendido 49 de los 52 pisos. El Consistorio, por su parte, entiende que la constructora podría haber derribado, «con un coste casi nulo», la parte que ya había levantado para excavar otras dos plantas de garaje con las que liquidaban los derechos.

El pasado 8 de octubre, el Ayuntamiento rechazó la reclamación patrimonial de 2,65 millones de euros, lo que agota la vía administrativa y vuelve a abrir la judicial. En su resolución, la Administración local se apoyaba en un informe de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA), un órgano consultivo creado por el Parlamento vasco para dirimir litigios en los que haya en peligro dinero público. La COJUA da la razón al Consistorio y concluye que el hecho de que a la promotora «le resulte imposible presentar un nuevo proyecto, no puede ser objeto de responsabilidad patrimonial para las arcas locales». Ahora, el asunto volverá de nuevo a los tribunales.

5.000euros más IVA. Es el coste medio del metro cuadrado en esta promoción, según ha trascendido por la reclamación.