El fiscal retira su acusación por malversación pero pide 3 años por falsedad, prevaricación y fraude en el juicio de Alonsotegi

El Ministerio Público ha retirado su acusación por malversación, pero ha mantenido una petición de pena de tres años y medio de cárcel para tres de los implicados por falsedad documental, prevaricación y fraude en las subvenciones. El fiscal, que solicitaba inicialmente seis años, ha dejado fuera a la exasesora municipal, Marta Novo, al entender que no participó en lo que él mismo calificó en un primer momento de trama para desviar dinero.

El fiscal considera que no hubo malversación porque las cuantías desviadas se destinaron «a fines públicos», al quedar acreditado, a su entender, que se pagó una deuda previa con los constructores y el arquitecto que se han sentado en el banquillo. El caso también implicaba al exalcalde José Luis Erezuma (PNV), al que el Ministerio Público imputaba también un delito de prevaricación. El exregidor falleció hace un año y su posible responsabilidad penal ha quedado extinguida.

La vista ha comenzado al filo de las diez y diez, con un retraso de 40 minutos por problemas informáticos. Y lo ha hecho gracias a que se ha optado por tomar acta de manera manual, como se hacía antiguamente. «El sistema se ha colgado y pueden ser 10 minutos, una hora o dos días», ha dicho el presidente de la sala, Ángel Gil. El magistrado se lo ha tomado con humor y cuando el abogado de la acusación popular, Iñigo Sancho, le ha entregado un documento del sumario ha ironizado: «Menos mal que me lo da en papel, como para fiarse de lo digital». Finalmente, sobre las 10.20 horas, los equipos informáticos han vuelto a funcionar con normalidad y se ha podido grabar.

Durante el proceso ha declarado como testigo el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto. En febrero de 2012, el regidor, que por entonces era diputado de Presidencia con José Luis Bilbao, fue el responsable foral que dio el visto bueno a la concesión de una ayuda de 600.000 euros al Ayuntamiento encartado para unas obras de emergencia por unas inundaciones. Esta subvención, según la Fiscalía y las acusaciones, habría sido después desviada y objeto de fraude por parte de los cuatro procesados.

Aburto ha testificado que no recuerda ese documento, aunque sí ha reconocido que el escrito llevaba su firma. «Por entonces rubricaba cientos de órdenes forales», se ha excusado, el regidor, que ha asegurado que no recordaba haberse reunido ni los acusados ni con Erezuma

Se da la circunstancia de que, hace dos años, los acusados llegaron a un acuerdo de conformidad con el resto de las partes para declararse culpables y eludir la cárcel. Para ello tenían que admitir una condena de dos años y devolver una fuerte cantidad de dinero de manera solidaria. El pacto no llegó a confirmarse al negarse uno de ellos a entregar el dinero que cubría su responsabilidad en los hechos.

El caso es el primero que tiene que ver con la gestión del Consistorio encartado que llega a la fase de juicio. Hay otros dos procesos en marcha, en los que están implicados los dos regidores que antecedieron a Erezuma: Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santiesteban, los dos también del PNV.

Los hechos enjuiciados hoy se remontan a 2011, cuando, según la Fiscalía, los acusados urdieron una trama para hacerse con 600.000 euros procedentes de la Diputación más otros 81.392 euros que salieron de las arcas locales. Aprovecharon unas lluvias torrenciales para pedir dinero público y reparar tres instalaciones (los bajos de la casa consistorial, el ambulatorio y un muro en la carretera general).