Dos constructores, un arquitecto y una exasesora municipal del Ayuntamiento de Alonsotegi serán juzgados a partir de este martes en la Audiencia Provincial por delitos relacionados con la corrupción. En el banquillo se tendrían que haber sentado también un aparejador y el exalcalde de la ... localidad entre 2011 y 2015, José Luis Erezuma (PNV), pero ambos han fallecido con lo que una hipotética responsabilidad penal ha quedado extinguida. Se da la circunstancia de que, hace dos años, los acusados llegaron a un acuerdo de conformidad con el resto de las partes para declararse culpables y eludir la cárcel. Para ello tenían que admitir una condena de dos años y devolver una fuerte cantidad de dinero de manera solidaria. El pacto no llegó a confirmarse al negarse uno de ellos a entregar el dinero que cubría su responsabilidad en los hechos.
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El caso es el primero que tiene que ver con la gestión del Consistorio encartado que llega a la fase de juicio. Hay otros dos procesos en marcha, en los que están implicados los dos regidores que antecedieron a Erezuma: Gabino Martínez de Arenaza y Aitor Santiesteban, los dos también del PNV.
680.000 euros
Los hechos que serán enjuiciados a partir de hoy se remontan a 2011, cuando, según la Fiscalía, los acusados urdieron una trama para hacerse con 600.000 euros procedentes de la Diputación más otros 81.392 euros que salieron de las arcas del Consistorio. Aprovecharon unas lluvias torrenciales para pedir dinero público y reparar tres instalaciones (los bajos de la casa consistorial, el ambulatorio y un muro en la carretera general).
El fiscal, que pide seis años de cárcel, considera que tales obras no eran necesarias y tampoco se llegaron a ejecutar. En cambio, sí se prepararon informes municipales para justificar su necesidad y para acreditar que habían sido presuntamente realizadas. Algo que también sostiene la acusación popular ejercida por EH Bildu, que fue quien destapó el caso y que solicita ocho años. Erezuma, que falleció hace ahora un año, admitió ante el juez instructor haberse saltado el procedimiento administrativo con el propósito de saldar una fuerte deuda que el Consistorio mantenía con los dos constructores por un proyecto contratado antes de su mandato (el nuevo ambulatorio).
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