El aumento en el número de delitos con violencia en Bilbao y que la inseguridad se mantenga como el principal problema de la ciudad según las encuestas elaboradas por el Ayuntamiento entre la ciudadanía ha movido al PP a reclamar una batería de medidas ... al gobierno local. En realidad, son las que habían propuesto los populares en su campaña electoral bajo el título de 'Plan integral de seguridad'. Incluye la mejora de la coordinación entre Policía Municipal y Ertzaintza, la instalación de más cámaras en las calles, la incorporación de las pistolas taser al equipamiento policial y el control de matrículas a la entrada y la salida de la ciudad, entre otras.
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Como telón de fondo, la portavoz municipal del PP, Esther Martínez, se refirió este jueves a los datos ofrecidos por la Fiscalía, que ha calificado de «inaceptables y preocupantes». «Los delitos con violencia han aumentado un 90%, y un 40% de los delitos son cometidos por reincidentes. Se han producido 4.680 delitos de lesiones lo que supone un aumento del 22%. 620 delitos contra la libertad sexual, es decir un 18% más. Todo esto son datos objetivos y no se ha tomado ni una sola medida en los últimos meses; esta es una actitud de brazos caídos que no podemos consentir», lamentó.
Ha sido muy crítica con la estructura de la Policía Municipal, conformada por «un total de 800 agentes, de los cuales solo 606 tienen plaza y 194 son interinos». Pero en lo que más se ha fijado es en que «de los 606 un 42% ostenta algún mando, lo cual ha creado una súper estructura que no es nada operativa ni especializada». También ha lamentado la pérdida de ciertos servicios, como la unidad especializada antidrogas, «creada en 1988 con muy buenos resultados que ha sido eliminada en 2021», y la ambulancia municipal. En relación al equipo sanitario, pide su regreso ya que las de Osakidetza que ahora prestan este servicio lo hacen con menos agilidad, según los sindicatos policiales. «Esto crea riesgos ciertos tanto para los heridos como para policías y bomberos, que tienen que asumir labores sanitarias que en absoluto entran en el ámbito de sus funciones, asumiendo responsabilidades, mientras el Gobierno Municipal sigue mirando para otro lado».
Además del «desmantelamiento de servicios públicos», Martínez acusa al gobierno de Juan Mari Aburto de practicar una «política del avestruz en materia de seguridad, siendo incapaz de recocer que existe un problema».
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