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José Domínguez
BILBAO
Sábado, 12 de enero 2019, 12:49
El conflicto entre la patronal y los sindicatos de la enseñanza concertada sigue enquistado y la amenaza de ocho días de huelga a partir del miércoles en 215 colegios vascos donde estudian 120.000 alumnos parece más real que nunca. Tanto que tras el ... fracaso del último intento del alcanzar un acuerdo ayer viernes, la propia consejera de Educación, Cristina Uriarte, ha convocado a las familias afectadas a una reunión este mismo lunes para informarles de sus intentos de mediación. Y este sábado a la mañana ha sido el PP vasco el que ha anunciado su decisión de «remangarse a fondo» para exigir al propio Ejecutivo autónomo que consiga alumbrar una solución «inmediata». La secretaria de los populares vascos, Amaya Fernández, ha asegurado que para su partido «la educación pasa a ser una línea roja y, si antes de que acabe enero este problema no está superado, que el equipo de Gobierno se olvide de mi partido para la negociación de cualquier prórroga presupuestaria en Euskadi». También, y en su papel de candidata a diputada general de Bizkaia en las próximas elecciones forales, ha planteado una reforma fiscal para incorporar un cheque bebé con ayudas de hasta 200 euros para la escolarización de 11.000 niños vizcaínos de 0 a 3 años cuyo coste podría ascender a 25 millones de euros anuales, «el 60% del dinero que Unai Rementeria destina en la actualidad a mantener a los 'menas' (extranjeros menores de edad no acompañados)».
«Tras años de estrecheces y de recuperación de ingresos por parte de las instituciones, ha llegado el momento de que empiece a devolverse el esfuerzo que ha hecho la ciudadanía vizcaína y vasca desde 2013», ha asegurado la responsable del PP. Por eso ha remarcado que planteará una reforma fiscal en Bizkaia que entraría en vigor en 2020 y que contemplaría esta educación extra en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a las familias con hijos pequeños, «que se matriculen tanto en la enseñanza pública como en la concertada». Según ha adelantado, esta medida propuesta por su partido a nivel de Bizkaia, «ya que son las Juntas Generales las competentes en materia fiscal», también podría extenderse a Álava y Gipuzkoa.
En cualquier caso, Fernández ha insistido en apuntar al Gobierno vasco como el «principal protagonista» que todavía puede lograr una salida para desbloquear las negociaciones entre los colegios de Kristau Eskola, AICE e Ikasgiltza y los sindicatos, que reclaman mejoras salariales y laborales. «Las centrales están reclamando mejoras que les equiparen a las de sus compañeros en la enseñanza pública y la patronal, pese a su voluntad de querer llegar a un acuerdo, no puede. Y no va a poder porque es el Gobierno vasco quien aporta la financiación y tiene la llave de la resolución del problema», ha remarcado antes de exigirle una mayor aportación de fondos.
La líder popular ha recordado que en Euskadi el 50% de las familias optan por una educación concertada y que en Bizkaia el porcentaje es incluso mayor «a pesar de lo que sólo recibe el 34% del presupuesto del Gobierno vasco». En ese sentido, Amaya Fernández ha hecho suyas las «reivindicaciones de la patronal, de los sindicatos y de padres y madres» y ha lanzado su ultimátum a PNV y PSE: «O educación o que se olviden del PP vasco para el trámite presupuestario». «Es hora de solventar la grave crisis de la educación concertada», ha zanjado.
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