De decencias e indecencias

Tendrán que pasar todavía muchos años hasta que desaparezcan por completo las trágicas secuelas del fanatismo independentista etarra. Y hará falta generosidad, una inmensa dosis de generosidad por parte de las víctimas, como la que vienen mostrando. Y gestos de arrepentimiento por el tremendo daño causado de sus autores directos y, también, de quienes desde la izquierda abertzale les ofrecieron cobertura política con tremenda frialdad y total inhumanidad.

Por ello cuando alguien da un paso adelante relevante sólo cabe saludarlo. Y eso es lo que hicieron el alcalde de Rentería de EH Bildu, Julen Mendoza, y su grupo político en la tarde noche del miércoles.

El regidor guipuzcoano organizó y presidió un acto de homenaje del Consistorio a tres víctimas de ETA. En concreto, al policía municipal y militante del PSE, Vicente Gajate, y a los concejales del PP José Luis Caso y Manuel Zarrarreño. Mendoza no dudó en pedir «perdón» a sus familiares en su nombre y en el del resto de la Corporación.

Ojalá este paso, como el que hace unos meses dio el alcalde de Azpeitia, el también abertzale Eneko Etxeberria, cuando proclamó que «nunca existió razón alguna para matar al (empresario guipuzcoano) Inaxio Uria» sean emuladas por otros dirigentes y cargos públicos de EH Bildue. Solo así alcanzaremos ese nuevo tiempo y esa convivencia normalizada que ansiamos la práctica totalidad de los ciudadanos vascos.

Afortunadamente no ha sido la única noticia positiva de las últimas horas. En Madrid -donde aún no se han apagado los ecos de la incomprensible exclusión del Rey emérito del acto conmemorativo del cuadragésimo aniversario de las primeras elecciones generales- el Congreso reprobaba ayer al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro con los votos de todos los partidos excepto el suyo, el PP, y dos de sus socios presupuestarios, Coalición Canaria, que votó también no y el PNV de Ortuzar y Urkullu, que optó por la abstención.

De esta forma son ya dos los integrantes del Gabinete Rajoy que han merecido el, a mi juicio, justo reproche del Parlamento. El primero fue el titular de Justicia, Rafael Catalá, por su intervencionismo en el trabajo de los fiscales que investigan la corrupción. Ayer Montoro, por la impresentable amnistía fiscal que aprobó el Ejecutivo conservador en 2012, ciertamente en un momento especial, con el país al borde de la intervención, y que el TC declaró hace unos días «inconstitucional».

Pese al evidente revés que supone la sentencia y al duro tirón de orejas parlamentario de ayer, Montoro continuará en su puesto porque la reprobación carece de efectos concretos. ¿Arrepentimiento por la tropelía ética que supone premiar a defraudadores al permitirles regularizar su situación pagando menos de lo que debieran, para recaudar unos cientos de millones de euros, por necesarios que fueran, en lugar de reforzar la inspección y enviarlos a la cárcel ? Ninguno.

Las amnistías fiscales, las promueva el PP, el PSOE (que hizo dos) o quien sea, amén de éticamente reprobables, corroen los cimientos del sistema democrático. Sean cuales sean las urgencias del Estado en ese momento.