PNV, EH Bildu, Podemos y el PSE exigen de forma conjunta la libertad de los presos enfermos

La situación de los presos enfermos ha llegado al Parlamento a raíz de una proposición no de ley registrada por la coalición soberanista en la que se solicitaba «a las autoridades competentes» que tuviesen en cuenta la «legislación vigente» a la hora de decidir el futuro de «aquellas personas presas que sufren enfermedades graves». La propuesta de EH Bildu también exigía la «reprobación» del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. En ningún momento del texto se aludía de forma concreta a ETA, simplemente se hablaba de «presos vascos». Aun así, en la justificación de la propuesta se recordaba la comparecencia en el Parlamento de los representantes de Sare, el colectivo de apoyo a los presos de la banda. A ese texto original se presentaron dos enmiendas. Una suscrita de forma conjunta por PNV y PSE, socios de Gobierno, y la otra de Elkarrekin Podemos. Ambas iban en una línea similar. También abogaban por la puesta en libertad de los presos enfermos y su acceso al tercer grado.

Choque con el PP

Ha sido esta misma mañana cuando los cuatro grupos han acercado posturas y consensuado un texto conjunto. La propuesta definitiva insta a las «autoridades competentes» a que tengan en cuenta la «legislación vigente» de tal modo que «los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables puedan ser clasificados en tercer grado y ser excarcelados por razones humanitarias y de dignidad personal». Además, exige que se respete «el derecho a la vida, integridad y salud de toda la población reclusa» y se exige la «rectificación del criterio expresado por el Ministerio del Interior», según el cual solo se deberá conceder la libertad condicional de un preso enfermo si su fallecimiento se prevé en un plazo máximo de dos meses. En el texto que se ha aprobado en la Cámara, finalmente, no se alude a la reprobación de Zoido.

La proposición tampoco se refiere de forma concreta a los presos de ETA. De hecho, el representante de Elkarrekin Podemos, Juan Luis Uria, se ha esforzado en recalcar que «no hay presos de primera ni de segunda» y ha recordado el caso de un recluso común que ha fallecido recientemente en prisión. Pero, aun así, la situación de los miembros de la banda terrorista ha sobrevolado de forma clara el Parlamento. Julen Arzuaga (EH Bildu) ha mencionado varios casos concretos de miembros de ETA que, en su opinión, deben ser excarcelados y también Rafaela Romero (PSE) ha reconocido que debe aplicarse una «nueva política» cinco años después de que ETA, una «organización desarmada», anunciase el fin de sus atentados. Todos los grupos proponentes han coincidido en señalar que hay margen legal para hacerlo, que es una cuestión humanitaria y que «a la cárcel no se manda a la gente a morirse», en palabras de Uria. El portavoz de Elkarrekin Podemos, médico de profesión, ha sido muy gráfico: «Los médicos no somos carceleros». En todo optimista, ha insinuado que el acuerdo puede ser «histórico». Algo más escéptico ha sido Iñigo Iturrate (PNV), quien ha recordado que a pesar de todos los debates y peticiones, el Gobierno central no ha modificado sus propuestas.

Estos argumentos han chocado de plano con los planteamientos del PP. Nerea Llanos ha sido extremadamente dura con EH Bildu. Ha acusado a la coalición soberanista de «falsear la verdad» y ha subrayado que en España está garantizada la salud de los presos, sean comunes o de ETA. La dirigente del PP ha lamentado, sobre todo, la postura de los socialistas. «Tienen el síndrome de Estocolmo y están abducidos», le ha dicho Llanos a Romero.

El acuerdo entre las cuatro principales formaciones del Parlamento se produce 24 horas después de que alcanzasen uno similar sobre un caso concreto: el de la reclusa Sara Majarenas, la presa de ETA cuya hija Izar fue apuñalada por su expareja.