El Parlamento vasco, excepto el PP, pedirá la excarcelación de la etarra cuya hija fue apuñalada

Sara Majarenas, miembro del Comando Levante de ETA, cumple desde 2005 una condena de 13 años y 10 meses de prisión. En marzo fue trasladada de la cárcel de Valencia a una vivienda tutelada de Alcobendas (Madrid) para que pudiese estar con su hija tras el ataque de su padre. Izar tiene ya más de 3 años, edad límite en la que una menor puede vivir en un centro penitenciario, y Majarenas tuvo que solicitar amparo a Instituciones Penitenciarias. Lo hizo mediante una carta en la que pedía perdón por sus actos y se desmarcaba de la banda terrorista. Un juez le dió en marzo el segundo grado penitenciario para que pudiese estar con su hija en el piso de acogida, en el que residen con otras 23 personas y del que la etarra solo puede salir tres horas al día.

La semana pasada la familia de Majarenas y su hija comparecieron en el Parlamento vasco para advertir que Izar sigue aún un «delicado» proceso de recuperación y que su evolución «se ha estancado». Los psicólogos dicen que solo puede evolucionar si vuelve a su entorno en Euskadi, según un informe al que aludió la abuela de la niña, Kontxi Ibarreta. Las explicaciones hicieron que PNV y EH Bildu pidieran automáticamente la puesta en libertad de Majarenas oficialmente debería salir a la calle el próximo abril y que el resto de fuerzas, incluído el PP, pidiesen que, como mínimo, fuesen trasladadas a Euskadi y que la pena se compatibilizara con la atención a Izar «del mejor modo posible».

De aquella comparecencia emana el texto registrado ahora en la Cámara vasca, del que se han desmarcado los populares. El documento expresa la «preocupación por la situación que vive la menor» y recuerda los derechos fundamentales de todas las personas, «incluídos los presos». En esa senda se pide la excarcelación de Majarenas para ayudar a «superar los terribles hechos de los que han sido víctimas en un entorno de estabilidad y seguridad». La etarra y su hija han sido reconocidas como víctimas de la violencia machista. El agresor se encuentra en prisión preventiva a la espera de juicio.

La segunda semana de julio

Como el Parlamento pretende trasladar su petición a Prisiones lo antes posible haciendo suya la petición de la familia de Majarenas para que la niña pueda empezar el próximo curso escolar en San Sebastián, la comisión de Derechos Humanos de la Cámara tendrá que reunirse en julio, un mes inhábil habitualmente, para aprobar el texto. Si se cumplen los plazos establecidos, y una vez abierto el plazo legal de enmiendas que dura 15 días, la sesión extraordinaria se celebrará, como mínimo durante la segunda semana del mes que viene.