A BARKOS SE LE ACUMULAN LOS PROBLEMAS

El agua y el aceite son dos líquisod, pero no se mezclan. Durante años los regionalistas de UPN y los socialistas del PSN colaboraron en la gobernabilidad del viejo reyno con el evidente propósito de mantener un muro de contención a las aspiraciones anexionistas del nacionalismo vasco. ¿Resultado? Sus diferencias ideológicas -UPN es un partido conservador habitualmente alineado con el PP- propiciaron cíclicos encontronazos.

Algo parecido y agravado sucede en el cuatripartito. Poco, a veces muy poco tienen que ver los programas políticos de la coalición nacionalista de centroizquierda Geroa bai (en la que se integra el PNV y a la que pertenece la presidenta Barkos), los radicales de EH Bildu, Podemos y Ezkerra/Izquierda, la versión local de IU. Pero hace dos años, cuando los escándalos y la mala gestión del último gobierno de UPN les colocó con 26 escaños en un Parlamento de 50, la mayoría absoluta, no lo dudaron. Impulsaron la formación del llamado Gobierno del cambio presidido por primera vez por una abertzale, la periodista Uxue Barkos.

En Euskadi el PNV ha intentado durante años pactar con el Gobierno central un cronograma cerrado para acelerar la llegada del tren de alta velocidad (TAV). La necesidad del Gobierno Rajoy de contar con el voto de los diputados jeltzales para que salieran adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2017 lo ha hecho, por fin, posible.

En Navarra todo está mucho más retrasado. Pues bien, el nuevo ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, ofrecía hace unos días al Gobierno Barkos firmar un protocolo antes del verano para que la comunidad foral tenga todo el corredor ferroviario de alta velocidad listo para 2023, y en las mismas condiciones que la Y vasca.

El desmarque

¿La financiación? El administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif) abonará al Ejecutivo foral los tramos que financie un año después. Hasta ahora lo hacía con una demora de dos años. Geroa bai quiere más. Pretende que el gasto que realice Navarra en el TAV pueda descontarse de la aportación anual al Estado.

Consciente de la posición crítica de sus socios respecto al TAV -similar a la que tienen en Euskadi-, Geroa propuso una declaración institucional en el Parlamento de Pamplona en favor del nuevo convenio. El pronuncimiento prosperó, como deseaba Madrid, pero con sus votos y los de los tres grupos de la oposición, es decir de UPN, PSN y el PP. La unidad del cuatripartido saltaba por los aires.

Desde entonces las negociaciones entre los socios se suceden. Sin éxito. Y es que la izquierda abertzale, los podemitas y E/I no aceptan un proyecto que juzgan faraónico como el TAV. El costo del tramo principal Pamplona-Castejón (en el Sur, junto a La Rioja) rondará los 900 millones de euros. A su juicio, en lugar de una línea doble y nueva bastaría con un tercer hilo para que pudieran circular por él los trenes de ancho europeo, como el AVE.

La crisis es seria, importante. Los tres partidos de la coalición de gobierno que se oponen al TAV han amenazado incluso con rechazar los Presupuestos del Gobierno Barkos para el próximo año si contemplan dinero para el tren.

De momento las posiciones parecen irreconciliables. ¿Al punto de poner en riesgo al propio Ejecutivo del cambio si no se restablece el entendimiento? En política nada es descartable, pero parece altísimamente improbable que sobre todo el nacionalismo vasco esté dispuesto a renunciar a seguir gobernando Navarra -la añorada cuarta pata de su proyecto de construcción nacional-, algo que nunca habría logrado.

Sin contramanifestación

Mientras, GB, EH Bildu, Podemos e E/I han descartado la posibilidad de convocar una contramanifestación a la multitudinaria marcha que el pasado sábado recorrió las calles de Pamplona para exigir que en las sedes institucionales sólo ondeen la bandera toja de Navarra, la local, la española y la europea-, pero no la ikurriña. La idea había sido planteada públicamente por la portavoz de Podemos.

La polémica de las banderas sigue y seguirá presente en la vida de la comunidad foral, en la política y en la ciudadana. Posiblemente porque desde la Transición siemper ha estado ahí. Pronto arrancarán las fiestas patronales de los distintos municipios y en aquellos en los que abertzales y Podemos tienen mayoría se izará la enseña vasca. De momento Barkos no se atreve a hacerlo en el Palacio foral.

UPN, PP, PSN y el Gobierno Rajoy han avisado que cuando tal cosa suceda acudirán a los tribunales. Con ello la tormenta de las banderas se judicializará. Ya veremos con qué consecuencias.

Por si no tuviera suficiente con estos dos frentes, Uxue Barkos se ha visto obligada a declarar ante el Tribunal de Cuentas por las dietas que cobró cuando era concejala de Pamplona, tras la denuncia de un colectivo judicial conservador. El modelo era tan laxo -bastaba una declaración a posteriori de que se había acudido a una reunión para cobrar- que se cambió en 2013.

¿Por qué la única denunciada ha sido Barkos? Porque simultaneaba la concejalía con el escaño del Congreso y ello podría dificultarle explicar algunas reuniones.

Todo apunta a que la demanda, claramente dirigida a desgastar la imagen de Barkos y a la que no se ha sumado nadie, será archivada.