De Miguel solicita su absolución y acusa al fiscal de hacer un «relato fabulado»

En el mismo documento, el letrado de quien fuera 'número dos' de los jeltzales alaveses y diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial (un equivalente a Urbanismo) hasta 2010, ha solicitado también la absolución de su defendido; para quien la Fiscalía ha pedido más de 54 años de cárcel por supuestamente liderar esa trama. Este caso, que llevará a juicio en la Audiencia Provincial de Álava a De Miguel y otras 25 personas, entre ellas Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, también exburukides del PNV en el territorio histórico alavés, es el mayor sumario de presunta corrupción instruido hasta la fecha en Euskadi.

En el escrito de defensa, al que ha tenido acceso Efe, el letrado, que defiende también a Ainhoa Bilbao, mujer de Alfredo de Miguel, imputada asimismo en esta causa -se enfrenta a 30 años y 6 meses de cárcel- reclama la libre absolución de ambos al considerar que no han cometido ninguno de los delitos que se les imputan. De igual modo, el letrado anuncia que en el inicio del juicio -cuya fecha aún no está fijada- pedirá la nulidad de las actuaciones por infracción de diversos derechos fundamentales, así como de algunas pruebas y la prescripción de diversos delitos.

El fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha imputado a De Miguel, quien apuntaba como sustituto de Iñaki Generabarrena en la dirección del Araba buru batzar, un total de 27 delitos, entre ellos cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, al considerarlo el líder de un entramado societario, creado antes del año 2005, en el que figuraban diversas empresas como Kataia, que, a su juicio, buscaban «obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas».

En sus argumentaciones, el Ministerio Público sostiene que para lograrlo se aprovechó de las «responsabilidades políticas y/o administrativas» que tenía por su pertenencia al PNV y relata hasta diez «operaciones ilícitas» en las que según él intervino la trama. Entre ellas, varias contrataciones con la consejería de Cultura del Gobierno vasco en el periodo comprendido entre los años 2006 y 2008, durante la etapa de Juan José Ibarretxe al frente de la Lehendakaritza; con la Diputación Foral de Álava y el Parque Tecnológico de Álava, ubicado en Miñano. Izaguirre describe también pagos de comisiones ilícitas de un 4 % como consecuencia de la adjudicación de obras públicas en las localidades alavesas de Lapuebla de Labarca y Zigoitia; así como irregularidades en una operación urbanística en Zambrana con el consecuente pago de comisiones ilícitas.

«Huérfano de prueba»

El abogado de De Miguel rebate ahora en su escrito de defensa, que consta de 51 folios, las acusaciones de la Fiscalía y asegura que Izaguirre ha elaborado un «relato deslavazado, farragoso, plagado de llamativas contradicciones, voluntarista y huérfano de prueba que lo sustente». Incluso indica que algunas de las acusaciones que presenta son un «claro exponente de cómo el Ministerio Público imagina una historia y cómo acomoda el relato fáctico a la misma, sin importarle lo más mínimo que lo aseverado sea incierto» y censura «elucubraciones» y «tergiversaciones» de la Fiscalía.

A lo largo de su escrito, el letrado refuta las acusaciones de la Fiscalía. Para ello, empieza por la supuesta asociación ilícita, de la que dice que el relato que hace Izaguirre «parece más destinado a la prensa que a un tribunal». En ese sentido, asegura que «no hay ni habrá» prueba alguna de que haya existido un enriquecimiento ilícito de sus defendidos y tampoco «de que lo hubiera a favor» de «misteriosas terceras personas» que, «con calculada ambigüedad», el fiscal parece referirse a «organizaciones políticas» en alusión implícita al PNV. «No hay la más mínima referencia a que la 'trama' recibiera dinero en efectivo y de procedencia supuestamente delictiva», concluye el letrado respecto a la «fantasiosa e indemostrada» asociación ilícita.

«Radicalmente falso»

Sobre Kataia, empresa sobre la que «pivota» la supuesta organización criminal, el abogado describe sus actividades y asegura que todos los ingresos de esta compañía en la que participaba a través de su mujer están debidamente justificados, documentados y declarados fiscalmente.

También se muestra muy contundente a la hora de negar la supuesta comisión de 100.000 euros que De Miguel exigió en 2008 a la abogada Ainhoa Alberdi por un contrato en el Parque Tecnológico de Álava y que dio origen a la denuncia que destapó esta presunta trama. «Es radicalmente falso» que De Miguel solicitara «verbalmente ni por escrito, el pago de comisión o cualquier clase a dinero a Alberdi», afirma el letrado, quien añade que no existe otra reclamación que la de la deuda pendiente de Loizate por trabajos acreditados en las actuaciones. «Mal casa además que esté 'extorsionando'-como dice la Fiscalía- a una abogada con la que se tiene una relación fluida», como demuestra con documentos que aporta en su escrito.

La defensa analiza también las diversas «operaciones ilícitas» y las rebate una a una. Así, asegura que los contratos entre Kataia y el Gobierno vasco en materia de juventud se hicieron de «conformidad» con la legislación vigente y que los trabajos fueron «efectivamente y plenamente ejecutados». También niega los supuestos pagos de comisiones por obras en La Puebla y Zigoitia, y asegura que los abonos hechos no fueron «ninguna comisión ilícita», sino por trabajos realizados. Asimismo rechaza cualquier implicación de De Miguel en impulsar modificaciones urbanísticas en Zambrana, que fueron aprobadas por este Ayuntamiento gobernado por independientes y finalmente fueron rechazadas en lo sustancial por una orden foral emitida por el propio De Miguel.

Los 26 imputados en el caso se enfrentan a peticiones de penas que oscilan entre los 54 años y 11 meses de cárcel hasta los 4 años y 6 meses. Entre ellos, hay nueve exdirigentes del PNV y otras personas afines a esta formación política. Los abogados de las defensas tienen hasta el próximo 18 de mayo para presentar sus escritos. Después, la Audiencia Provincial de Álava deberá fijar la fecha del juicio. Algunas fuentes del caso estiman que podría retrasarse hasta el próximo año dada la magnitud y dificultad que entraña.