El Gobierno vasco defenderá «hasta el final» la ley de abusos policiales, recurrida por Rajoy

La espada de Damocles del recurso se ha cernido desde su nacimiento sobre esta iniciativa, bautizada como Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999.

Ya hace un año, cuando la Cámara de Vitoria aprobó su contenido con los votos de PNV y PSE, Madrid no tardó en mostrar su descontento. EH Bildu optó por la abstención, y PP y UPyD votaron en contra. La intensa negociación presupuestaria, que desembocó en acuerdo, no logró que el Ejecutivo central diera su brazo a torcer.

Pese a que las conversaciones sobre le ley de abusos policiales se mantuvieron abiertas hasta última hora, el Gobierno de Rajoy cumplió su advertencia. El Consejo de Ministros acordó el pasado viernes recurrir la norma y ayer se presentó el consiguiente escrito ante el Constitucional.

Lejos de centrarse en una parte salvable de los artículos de la ley, el Ejecutivo central impugna su «totalidad» por girar «en torno a preceptos claramente inconstitucionales», advierten. Así, el recurso carga contra la comisión de valoración, encargada de decidir sobre cada caso, a la que se le atribuyen, argumentan, «funciones de investigación de hechos que, por sus consecuencias (fallecimiento, afectación de la integridad física, psicológica...), constituyen delitos recogidos en el Código Penal, invadiendo la reserva de esta función jurisdiccional que corresponde a jueces y tribunales».

Remarcan, además, que «estamos ante un órgano extrajudicial que ejerce funciones de averiguación y fijación de hechos ilícitos», cuando «corresponde al Estado, y no a la comunidad autónoma, la competencia sancionadora de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad». De los 21 artículos que consta la ley de abusos policiales, el Ejecutivo de Rajoy solicita la suspensión inmediata de diez.

Sin aplicación

La decisión no ha sorprendido en Euskadi. Desde el Gobierno vasco aseguraron ayer no tener constancia oficial del recurso. Ahora bien, los argumentos que se recogen en el mismo son similares a los que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría adelantó el viernes al portavoz del Ejecutivo autónomo, Josu Erkoreka, cuando le confirmó la intención de Madrid de impugnar la normativa.

Lehendakaritza y el Departamento de Justicia se reunieron ayer para analizar, durante varias horas, el recurso del Ejecutivo de Rajoy y decidir la posición que adoptará el Gobierno vasco. A la espera de que el secretario de Convivencia, Jonan Fernández, comparezca hoy en rueda de prensa para valorar el revés, desde Lakua afirmaron ayer que defenderán la ley de abusos policiales «hasta el final, por todos los trámites posibles».

La primera parada será el Constitucional. Si el alto tribunal diese la razón al Ejecutivo de Rajoy, la única opción sería entonces acudir a Estrasburgo.

Cabe recordar que el propio Fernández presentó a finales del pasado mes de abril un documento elaborado por el expresidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas Fabián Salvioli que, según este experto, demostraría que la normativa «se ajusta al derecho internacional».

Hasta que se despeje el horizonte judicial, el Gobierno vasco «no dará aplicación» a la ley para evitar, justificaron, «generar expectativas» en los potenciales beneficiarios de las ayudas.