Moción de censura y política de apariencias

La moción de censura constructiva regulada en el artículo 113 de la Constitución es un mecanismo extraordinario de control del Gobierno, por el cual el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política de aquel, solicitando el cese del presidente y su sustitución por otro dirigente político. Se denomina constructiva porque no se configura únicamente como un procedimiento de cese del presidente del Gobierno, sino también de nombramiento de un nuevo presidente. Para ser aprobada se requiere la mayoría absoluta del Congreso (176 diputados). Esta regulación de la moción de censura constructiva está inspirada en el derecho constitucional alemán y tiene por objeto garantizar la estabilidad política y evitar situaciones de vacío de poder.

Si no se exigiera votar a favor de un candidato alternativo para la presidencia del Gobierno, y solo hubiera que pronunciarse sobre el cese del presidente, las mociones prosperarían con bastante facilidad siempre que el partido del Gobierno no contase con mayoría absoluta. Es lo que ocurriría en la España actual. Pero al tratarse de una moción constructiva, su éxito exige que toda la oposición (o al menos la que sume 176 diputados) se una en torno a un programa político determinado defendido por un dirigente político de consenso.

Esta regulación es la que explica que las únicas dos mociones que se han celebrado en los casi 40 años de democracia se han perdido en el Parlamento. Es más, los que las presentaron sabían de antemano que estaban perdidas porque no contaban con los votos suficientes (176) para su aprobación. Así ocurrió con la que tramitó el PSOE en 1980 para sustituir a Suárez por Felipe González, y con la que presentó Alianza Popular en 1985 para reemplazar a Felipe González por Antonio Hernández Mancha. Pero si se presentaron, a sabiendas de que iban a ser derrotadas en el Parlamento, es porque como advertía con razón el otro día Iglesias Turrión se aspiraba a que se ganasen en la opinión pública. La moción de censura no se comprende si se prescinde de esta dimensión.

La moción sirve para presentar ante la opinión pública, esto es, el cuerpo electoral, un programa alternativo de gobierno y un dirigente cualificado para impulsarlo. Es el más formidable instrumento propagandístico de que dispone la oposición para presentarse como alternativa de gobierno. Casi todos los análisis realizados sobre la moción tramitada por Felipe González en 1980 coinciden en que la ganó ante la opinión pública y que aunque derrotado en el Congreso la moción fue una de las causas y el preludio de la victoria electoral socialista de 1982.

En definitiva, la moción de censura de 1980 es el ejemplo más claro de que se puede ganar, aunque se pierda en el Parlamento. Y a ello aspiran los dirigentes de Podemos. Ahora bien, en 1980 la oposición al Gobierno de la UCD estaba vertebrada y cohesionada por el PSOE; Felipe González fue capaz de presentar ante la opinión pública un proyecto de consolidación de la democracia, de profundización en las reformas y de modernización del país que era compartido por amplios sectores de la sociedad española; el partido del Gobierno, por el contrario, estaba fracturado y su liderazgo disputado.

Nada de eso ocurre en la España de 2017. Lamentablemente, una de las consecuencias negativas de la fragmentación política es que en el escenario actual no hay un proyecto político alternativo al del Gobierno de Rajoy que cuente con un respaldo mayoritario ni en el Congreso ni fuera de él. La oposición no está cohesionada sino fragmentada. Los proyectos reformistas del PSOE y de Ciudadanos son incompatibles con las pretensiones rupturistas de Podemos. Por ello, una moción de censura presentada por Podemos no solo será derrotada en el Congreso, sino que también lo será en el ámbito de la opinión pública. Al fin y al cabo, Rajoy e Iglesias Turrión son precisamente dos de los políticos que más rechazo suscitan.

En este contexto, la moción de censura inevitablemente se desarrollará como un duelo entre Rajoy e Iglesias, como un ejemplo claro de política reducida a un juego de apariencias y a un espectáculo vacío de contenido. Por ello, frente a este tipo de escenificaciones, resulta mucho más útil aunque menos glamuroso el recurso a los procedimientos parlamentarios ordinarios (proposiciones de ley, mociones, preguntas, interpelaciones, solicitudes de comparecencia, comisiones de investigación, etc.) y la coordinación efectiva entre los distintos partidos de oposición para llevarlos a cabo con éxito.