El fin de la impunidad

Pero existe otra razón menos judicial y más política que ayuda a entender por qué el juez se decide a actuar ahora y no hace tres años. José de la Mata, que ya ha visto que la dilación hasta ordenar prisión incondicional ha demostrado que las medidas cautelares adoptadas contra Pujol Ferrusola eran insuficientes para impedir su reiteración delictiva, también ha estado sometido al foco de la opinión pública. Una opinión que no cesaba de establecer agravios comparativos. Todos los investigados de la red de corrupción que afecta al PP están o han estado en la cárcel. Algunos, incluso, llevan tres años tras las rejas en espera de juicio. Pero el clan Pujol siempre se salvaba. Los librepensadores se maliciaban de que era por miedo a las represalias. El propio exmandatario catalán amenazó en sede parlamentaria con la caída de todas las ramas del árbol si se cortaba una. Es decir, todos responsables. Pero la impunidad se acabó anteayer para los Pujol. En este clima tormentoso lleno de nubarrones de corrupción que ha dejado a Mariano Rajoy en estado de 'shock' por la parte que le toca, el juez dio el salto en su auto de prisión contra el primogénito de los Pujol hablando, por primera vez, de «integración en organización criminal».

No es de extrañar que Puigdemont haya querido marcar distancias. Son cosas de la 'famiglia', vino a decir. Que nada tiene que ver con lo que se trae él entre manos. Que no es otra cosa que la 'desconexión expres' de España. Ayer el Parlamento catalán aprobó el cambio del reglamento que permitirá aprobar la ley de transitoriedad por la vía de urgencia y sin debate. Una forma autoritaria de concebir la vida institucional que ha escandalizado al propio Duran i Lleida, ya retirado de la política de momento, al que le parece «inadmisible e inconcebible, desde la perspectiva democrática», lo que está planteando la mayoría parlamentaria catalana.

Ellos siguen. Huyendo hacia adelante y arrastrando su unidad ficticia. Aplaudiendo a Lluis Llach, el cantautor que muchos seguimos en su viaje de Kavafis hacia Itaca, reconvertido en comisario de un proyecto totalitario. Amenazando a los funcionarios que no colaboren en el referéndum. Fue antifranquista, sí. ¿Y qué? Ahora amenaza. Y preconizando el sufrimiento del disidente. Que un funcionario debe cumplir las leyes es una obviedad. Pero, ¿qué leyes? ¿La de la 'desconexión' que será inmediatamente impugnada por el Tribunal Constitucional y, por tanto, será ilegal? Esto huele a urnas. Pero no para el referéndum secesionista sino para otras elecciones autonómicas.