La Fiscalía y la lucha contra la corrupción

La creación dentro del Ministerio Fiscal de una unidad especializada, la Fiscalía Anticorrupción, en 1995 siendo Felipe González presidente del Gobierno, ha sido una de las medidas más efectivas adoptadas en el último cuarto de siglo para combatir con eficacia esta lacra. Carlos Jiménez Villarejo dirigió durante 8 años la Fiscalía y desplegó con escasos medios una gran labor. Aunque Jesús Cardenal Fiscal General nombrado por Aznar propuso en 2004 al Gobierno la supresión de la Fiscalía Anticorrupción, la victoria electoral de Rodríguez Zapatero y el nombramiento de Cándido Conde-Pumpido como nuevo Fiscal General supuso un muy notable impulso a la Fiscalía Anticorrupción bajo la dirección de Antonio Salinas, que se jubiló el pasado octubre tras 13 años de meritoria labor. La Fiscalía Anticorrupción cuenta con más de 40 fiscales entre la sede central y las territoriales. Sin la abnegada tarea de estas personas hubiera resultado imposible combatir eficazmente las complejas tramas de corrupción política-empresarial con las que han sido saqueadas en las comunidades de Valencia y Madrid las arcas públicas.

El fiscal jefe de Anticorrupción es nombrado por el Fiscal General del Estado y este por el Gobierno, según dispone el artículo 124.4 de la Constitución. Es un hecho indiscutible que, a través de ese nombramiento, el Gobierno puede ejercer una indeseable influencia en la actuación del Ministerio Fiscal. De hecho, muchos medios publicaron que el cese a principios de año de la anterior Fiscal General, Consuelo Madrigal, obedeció a que se negó a llevar a cabo determinados nombramientos en puestos clave. Lo cierto es que su sucesor, José Manuel Maza, cesó al Fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, un referente en la lucha contra el terrorismo, y lo que es más preocupante a la vista de lo acontecido estos días tras la jubilación del Fiscal jefe anticorrupción Antonio Salinas nombró a Manuel Moix para este puesto clave.

Un nombramiento extraño porque, aunque se presentaron seis candidatos más para optar al puesto, todos ellos pertenecientes a la Fiscalía anticorrupción y con experiencia probada en la materia, el Fiscal General designó al único candidato que no era miembro de la Fiscalía Anticorrupción. Tras esta inexplicable designación, Manuel Moix, en una de sus primeras actuaciones, la semana pasada se opuso a que se ordenaran determinados registros en el marco de la investigación contra Ignacio González y a que se le imputara pertenencia a organización criminal. Con independencia de que esa posición pudiera ser jurídicamente defendible que no lo era, la revelación de una grabación en la que el exministro de Aznar, Eduardo Zaplana, tranquiliza a Ignacio González sobre su futuro judicial, diciéndole que su situación se aclarará con el futuro nombramiento de Moix como Fiscal Jefe Anticorrupción, constituye uno de los escándalos más graves de la historia de la Fiscalía.

Si a eso se añade que el Fiscal General que situó efectivamente a Moix al frente de Anticorrupción tal y como preveía Zaplana dio instrucciones de no solicitar la imputación del presidente de la comunidad autónoma de Murcia y, ante las discrepancias con el Fiscal jefe de esa comunidad, también lo relevó de su cargo, las sospechas de falta de imparcialidad de los más altos cargos de la Fiscalía son de una gravedad impropia de un país democrático. Todo ello justifica la solicitud formulada por los grupos de la oposición para que el Fiscal General comparezca ante el Congreso de los Diputados. Pero la gravedad de la situación requeriría adoptar medidas más drásticas y que disiparan por completo las sospechas de connivencia de la Fiscalía con el Gobierno.

Esas sospechas solo desaparecerán por completo cuando se prive al Gobierno de la facultad de nombrar al Fiscal General del Estado. Desde esta óptica, cabe defender la oportunidad y conveniencia de una reforma puntual del artículo 124 de la Constitución para que se atribuya al Congreso de los Diputados, por una mayoría cualificada de tres quintos (210 diputados), el nombramiento del Fiscal General y se ponga fin así a la designación gubernativa prevista actualmente. Con ello quedaría reforzada la autonomía y neutralidad de una institución fundamental para el funcionamiento del Estado de Derecho, en general, y para la lucha contra la corrupción, en particular.

Por otro lado, esta reforma constitucional permitiría llevar a cabo también la futura reforma procesal prevista tanto por el PP como por el PSOE de atribuir al fiscal la instrucción de los procesos penales. Con el clima de sospechas existentes en la actualidad por los polémicos nombramientos y las controvertidas decisiones adoptadas, la atribución al Ministerio Fiscal de la instrucción de los procesos solo contribuiría a erosionar más la confianza de los ciudadanos en las instituciones.