Pedro Ontoso
Sábado, 15 de abril 2017, 02:15
La noche del 9 al 10 de abril de 1977 Adolfo Suárez apenas pudo pegar ojo. El Partido Comunista de Santiago Carrillo acababa de ser legalizado en un Sábado Santo de gloria mientras media España procesionaba en la recta final de la Semana Santa. ... La cabeza del primer presidente de la democracia estaba en Euskadi y su Domingo de Resurrección. Pocas horas después estaba convocado un Aberri Eguna en Vitoria que se esperaba multitudinario pese a la prohibición gubernamental. Una jornada de violencia podría ser la espoleta que esperaban los militares tras interminables días con un inquietante ruido de sables en los cuarteles. La climatología vino en su ayuda. Una inesperada nevada dificultó el transporte hacia la capital alavesa tomada por centenares de policías. A diferencia de los providenciales copos, la jornada reivindicativa no cuajó como se esperaba. A media tarde Suárez respiró aliviado.
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Ese Sábado Santo Rojo, como lo definió el escritor Joaquín Bardavío, culminó uno de los episodios más delicados de la Transición, desde que Adolfo Suárez interiorizó que la legalización del PCE resultaba necesaria para legitimar la incipiente democracia que se abría en España tras la muerte de Franco. Se había aprobado la Ley de Reforma Política, con la que las Cortes franquistas se hicieron el harakiri, y se habían convocado elecciones para asentar un régimen de libertades. Los militares, herederos de la victoria de la Guerra Civil, no veían con buenos ojos el proceso y el fantasma de un golpe de estado acechaba por todas las esquinas. Aquellas tensiones las ha documentado el historiador Alfonso Pinilla en su libro La legalización del PCE. La historia jamás contada (Alianza Editorial).
Trece detenidos
En los días previos, Suárez había trasladado a sus hombres de confianza que estaba seriamente preocupado por el Aberri Eguna. Durante los preparativos habían sido detenidos 13 militantes del PCE en Vitoria cuando vendían Euskadi obrera y pegaban carteles de la convocatoria. No resultaba oportuno legalizar a un partido que había visto ingresar en comisaría a tres miembros de la formación y, precisamente, por el Día de la Patria Vasca. Los emisarios del presidente contactaron con Carrillo, esos días en Cannes, para preguntarle por la posición del PCE ante el Aberri Eguna y trasladarle la inquietud por la reacción en los cuarteles. Le piden que «mitigue» la presencia de los comunistas en la jornada reivindicativa.
Aquel enero de 1977, en el que se suprimió el temible Tribunal de Orden Público, fue un mes duro y difícil. El domingo 23 un grupo de ultraderechistas asesinó en Madrid a Arturo Ruiz, un joven que participaba en una manifestación a favor de la amnistía. Al día siguiente, un comando de la extrema derecha asesinó en la calle Atocha a cinco abogados laboralistas. Sin digerir la conmoción, los GRAPO secuestran al teniente general Villaescusa, presidente del Consejo Superior del Ejército. Ya tenían en su poder a Antonio de Oriol, presidente del Consejo de Estado. Tres días después, los pistoleros de los GRAPO asesinan a tres policías. La tensión es máxima. El 11 de febrero, justo cuando los comunistas registran sus estatutos, son liberados Oriol y Villaescusa.
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Fue una primavera de sobresaltos. El 16 de mayo ETA asesinó a un policía en San Sebastián, después de una Semana por la Amnistía muy reivindicativa y trágica. Hubo siete muertos y varios heridos de bala. En Pamplona murió en una carga policial el joven José Luis Cano Pérez, a quien en un principio se situó en Comisiones Obreras, sindicato afín al PCE, lo que volvió a inquietar a Adolfo Suárez. Euskadi era un hervidero de huelgas y manifestaciones. Carrillo le traslada a Suárez que conceda una amnistía. «Con amnistía, todos los partidos del País Vasco serán beligerantes contra el terrorismo», aseguró. La amnistía llegó con la ley del 15 de octubre, un texto en el que trabajaron Pilar Brabo y Marcelino Camacho, en representación del PCE. Por el PNV participaron Xabier Arzalluz y Mitxel Unzueta, y antes Julio Jáuregui. ETA, que a finales de abril había llamado a boicotear las elecciones en la cumbre nacionalista de Txiberta, siguió matando. El PNV no se plegó al «chantaje» de ETA e intentó que dejara las armas. La persistencia de la violencia proporcionó oxígeno a los sectores más refractarios a la democracia y fracturó a la comunidad nacionalista.
Euskadi era una olla a presión. El Aberri Eguna del 77 iba a ser especial. Era el segundo tras la muerte de Franco y en un principio se daba por hecho que sería autorizado. Desde que se celebró el primero, el 27 de marzo de 1932, tras la guerra tenían lugar en el exilio, mientras que en el interior se convertían en actos de resistencia contra la dictadura. El PNV lo había convocado en solitario, pero tras la Asamblea de Pamplona aceptó una celebración junto al PSOE, ESB y PCE. Salir del túnel del franquismo empujó a los socialistas a sumarse a la fiesta de los nacionalistas. La ikurriña sería el único símbolo y las pancartas solo exhibirían las tres consignas establecidas: Por el Estatuto, Por la amnistía y Libertad para todas las ideologías. Euskal Erakunde Herritarra, la plataforma que aglutinaba a la oposición de izquierda, caminaba por su propio lado. Se presentaba como una fiesta vasca multitudinaria y pacífica a la que se esperaban 100.000 personas. Hasta que la prohibió el Gobierno.
30.000 del PNV en Loiola
La mañana de aquel 10 de abril, al filo del mediodía, cayó una copiosa nevada en Vitoria, lo que desanimó a muchos participantes. El general invierno vino en ayuda de Suárez. La Jefatura Superior de Policía de Bilbao había prohibido a las empresas de transporte fletar autobuses. Muchos manifestantes llegaron en tren, otros en coches particulares. La ciudad estaba cercada por la Guardia Civil y en las calles había patrullas policiales, con efectivos de otras capitales. Incluso se impidió que se sacaran fotos del día.
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Fue una celebración itinerante, que se hizo donde se pudo. Más de 30.000 personas se concentraron en Loiola, en el mitin del PNV, ante la basílica de los jesuitas. Intervinieron Juan Ajuriaguerra, Xabier Arzalluz e Iñigo Aguirre, junto a un invitado catalán, Miguel Sarradellas, de Convergència Democrática. En Durango se concentraron otras 8.000 personas. Las manifestaciones se sucedieron en numerosas localidades. Se registraron muchos incidentes y hubo una represión brutal, con numerosos heridos.
Unas 5.000 personas lograron entrar en la capital alavesa, en la que sobrevolaba un helicóptero. Brigadas antidisturbios controlaban la ciudad, junto a escuadrones de la Guardia Civil a caballo. Hubo manifestaciones en Los Herrán y en la Virgen Blanca, y saltos en otras calles, disueltas por las fuerzas policiales. Los periodistas se tuvieron que refugiar en la iglesia de San Miguel, donde algunos informadores fueron golpeados. Los incidentes continuaron por la tarde. A las 17.30 un periodista de un equipo de la radiotelevisión belga recibió una bala de goma en el pecho en el parque de La Florida. Los profesionales que le auxiliaron desde el hotel Canciller Ayala fueron disueltos a pelotazos. Luegoprotestaron ante el gobernador civil, Francisco Javier Ansuátegui. La jornada se saldó con más de una treintena de detenidos.
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Suárez confesó el Domingo de Resurrección que «la baja participación» en el Aberri Eguna le había tranquilizado, pese a que esa misma tarde mantuvo una tensa discusión con el general Armada, consejero del Rey, que le recriminó la legalización del PCE. Esa noche Suárez durmió un poco mejor, pero el lunes volvió a sentir escalofríos. El almirante Pita da Veiga, ministro de Marina, presentó su dimisión por la legalización del partido de Carrillo. Tres días después el Consejo Superior del Ejército emitió un duro comunicado, tras un borrador que tuvo que ser limado. Suárez pidió a Carrillo que hiciera una declaración en defensa de la unidad de España y de condena del terrorismo. El líder del PCE aceptó y manifestó su apoyo a la Corona, reconocía la bandera rojigualda y se pronunciaba por la unidad, si bien defendía la personalidad de los distintos pueblos de España. Dolores Ibárruri La Pasionaria, icono comunista de Gallarta en la Zona Minera vizcaína, regresó del exilio el 13 de mayo.
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