Las víctimas exigen un final de ETA «sin concesiones por parte del Estado»

Un total de 26 asociaciones de víctimas, encabezadas por la Fundación Víctimas del Terrorismo, han redactado un comunicado conjunto ante los actos previstos para mañana por la banda terrorista, que comunicará a la justicia francesa la localización de los zulos para proceder a la entrega del arsenal que aún mantiene en su poder.

Ante ello, las víctimas exigen «la entrega total de todas las armas y la disolución incondicional e inmediata» de una organización terrorista que ha asesinado a más de ochocientas personas inocentes a lo largo de cincuenta años. Asimismo, reclaman al Gobierno y a la Audiencia Nacional que establezcan los mecanismos necesarios para que las fuerzas de seguridad del Estado puedan participar en el análisis de las armas que se entreguen a las autoridades francesas.

Son armas que constituyen «evidencias judiciales» que pueden servir para esclarecer los más de trescientos asesinatos de ETA no resueltos. Igualmente, el colectivo reclama a los gobiernos español y francés «la estricta aplicación de la ley» porque «este supuesto final de ETA no puede estar presidido por la impunidad».

Por el contrario, añaden debe estar sujeto a los principios que inspiran el Estado de derecho, donde la aplicación de la ley «no es negociable». «Así ha venido siendo durante las últimas décadas, cuando la colaboración entre España y Francia ha sido un pilar esencial en el final de ETA», añaden.

Independientemente del arsenal que ETA pueda entregar y a la espera de analizar en qué condiciones están las armas, creen que la derrota de la banda terrorista será total cuando desaparezca lo que queda de la organización terrorista y cuando se logre «su deslegitimación política, social y moral».

En el comunicado, no dudan en agradecer a las fuerzas de seguridad del Estado su labor, porque sin su «dedicación y entrega diaria no hubiera sido posible acabar con esta lacra». Un esfuerzo profesional y eficaz que las víctimas del terrorismo «nunca olvidarán», como tampoco «el tesón y la resistencia de numerosos ciudadanos amenazados por ETA que se mantuvieron en sus convicciones sin claudicar ante las amenazas».

«Por respeto a la memoria de las víctimas, para hacer justicia a tantos inocentes y por la dignidad de las víctimas y de todos los españoles, el final de ETA debe ser una disolución sin concesión alguna por el Estado, que debe aplicar estrictamente la Ley y exigir su colaboración para esclarecer los asesinatos no resueltos, y con absoluto respeto al relato verdadero de lo que han sido 50 años de terror», concluye el comunicado.