Juzgan a la directora del servicio de empleo estatal de Bizkaia por denegar el subsidio a ex presos de ETA

LAB denunció el pasado 1 de diciembre a la dirección territorial del SEPE de Vizcaya por la denegación a cuatro ex presos de ETA del subsidio de desempleo tras salir de prisión. Sin embargo, el SEPE rectificó y dictó nuevas resoluciones, en las que concedió este subsidio expresos de ETA que han cumplido condena.

Este lunes, la dirigente sindical ha recordado que el subsidio de desempleo para exreclusos puede percibirse durante seis meses, prorrogables hasta 18, tras la salida de prisión siempre que no cuenten con un empleo ni rentas económicas «suficientes», pero el Gobierno del PP «dijo por decreto que había que denegársela», y, después, el Tribunal Constitucional declaró «ilegal» esta disposición el pasado mes de julio.

«Estuvimos esperando en verano si empezaban a corregirse todas las denegaciones, pero no se hizo y pusimos la denuncia cuando vimos que en octubre se seguían denegando y tomando las decisiones independientemente de la decisión del Constitucional», ha explicado, para pedir la inhabilitación de la directora del SEPE en Bizkaia por «prevaricación, porque dio un paso en contra de la ley sabiendo que era ilegal al volver a denegar, una vez el Constitucional había echado atrás el decreto».

La dirigente de LAB ha denunciado que el SEPE «siguió denegando la prestación a expresos cuando han cumplido su condena, siguió denegando cuando el Constitucional declaró ilegal el decreto del Gobierno del PP, y siguió denegando esas prestaciones sabiendo que eso iba contra la ley y que perjudicaba gravemente un derecho básico».

Por ello, ha dicho, LAB pide que «se condene esa situación» y solicita la inhabilitación de la directora del SEPE en Bizkaia, además de perseguir que «situar esta decisión dentro del marco de lo que está pasando con los presos políticos vascos». En ese sentido, ha denunciado que «hay una ley de excepción que tiene como fin que los presos sean utilizados con objetivos políticos en contra del camino que tiene que hacer Euskal Herria».

La responsable de LAB ha pedido a los juzgados que «inhabilite» a la responsable juzgada, «que quiten este obstáculo del medio», a la vez que ha exigido «la implicación de las instituciones en este problema», así como «mayor compromiso por parte de los agentes sociales, sindicales y políticos vascos».