El PSE se une a la oposición y reprocha al Gobierno vasco su actitud en el 'caso Margüello'

La Fiscalía estima que el desvío de fondos realizado por los implicados ronda los 6,5 millones de euros y, mientras discurre el proceso penal, el PP ha presentado hoy en la Cámara vasca una proposición no de ley no vinculante para el Gobierno- en la que reclama al Ejecutivo que cumpla las recomendaciones pactadas por el pleno del legislativo hace siete años, tras una comisión de investigación, para reforzar la seguridad y la transparencia de la contratación en el sistema público vasco. También se pedía mayor rigor a la hora de abrir la puerta a las empresas a los concursos de licitación. Los implicados en el caso Margüello crearon presuntamente una firma fantasma que recibió el visto bueno del Gobierno vasco pese a no tener más clientes ni experiencia- para concurrir a unos procesos que no se publicitaron y a los que, en consecuencia, no se presentó ninguna otra firma.

La propuesta ha sido apoyada por todos los grupos de la oposición y el PSE, que han aprovechado el debate suscitado en la Comisión de Salud, para reprochar al PNV y al Gobierno vasco «que se ponga de lado» ante el caso Margüello. El Ejecutivo ha asegurado que reclamará «hasta el último euro» del dinero desviado, pero no exigirá penas de cárcel para los implicados, personal de confianza del entonces consejero de Sanidad jeltzale Gabriel Inclán.

Es la primera vez que PNV y PSE plantean votos contrarios en el Parlamento vasco desde que firmaran su acuerdo de Gobierno el pasado noviembre. Han mantenido discrepancias internas, por ejemplo respecto a la ausencia del lehendakari Urkullu en la conferencia de presidentes del pasado 17 de enero, pero no habían visualizado posiciones encontradas. La socialista Natalia Rojo ha reconocido que el Ejecutivo «está haciendo cosas» para mejorar el control de las licitaciones, como la Ley del Código Conducta de los Cargos Públicos aprobada en 2014 o la Ley de Transparencia que rechazó el Parlamento en 2015, pero ha asegurado que «se podría hacer más». En la vertiente administrativa y en la judicial. Por ejemplo, reclamar penas de prisión. «Desconozco las razones para no pedirlas, podía haber sido de otro modo pero ya no hay marcha atrás», ha lamentado.