Dividir es perder

Hoy, en los días previos a la convocatoria de la Asamblea de Vistalegre II, estos hechos parecen tan lejanos como olvidados. Podemos se ha sumido en una lucha por el control de la formación, una disputa de egos, celos, traiciones y ambiciones, cuando no ha cumplido tres años de vida. Sus máximos dirigentes son los responsables de una confrontación que cuestiona su credibilidad y lesiona la confianza de quienes pensaron que Podemos había llegado a la escena política para defender los intereses de las personas más vulnerables y de las clases empobrecidas. España necesitaba una alternativa ilusionante y esperanzadora, que liderara con valentía y legitimidad la movilización social y el activismo institucional.

Lamentablemente, esta expectativa se ha quebrado y en el contexto presente parece poco probable que se recupere, al menos a corto o medio plazo. El enfrentamiento entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón de lucha por el poder y de carácter político ha derivado en un desencuentro personal, que dejará heridas que costará cicatrizar.

Las disputas en Izquierda Unida, que tanto daño hicieron a su viabilidad y terminaron por generar un descrédito imposible de remontar, parecen un asunto menor comparadas con la virulencia que practican los dirigentes de Podemos. Es obvio que no hemos aprendido nada de los errores cometidos en el ámbito de la izquierda, siempre dividida, y olvidamos que la política es un instrumento de transformación social y no una pelea de gallos de corral, que tanto beneficia a la derecha, empeñada en reinstaurar el bipartidismo con la complicidad del PSOE.

Podemos está perdiendo un tiempo clave para ocuparse de los problemas reales de la gente, su auténtica razón de ser. Nunca como ahora un movimiento de rebeldía y acción ha sido tan importante. Estamos inmersos en cinco crisis globales -económica, institucional, social, ética y medioambiental- que son cada día más profundas y dejan un mayor número de víctimas. La automatización, la robótica y la inteligencia artificial, símbolos de progreso, no traerán consigo, de forma mecánica, nuevos puestos de trabajo ni tampoco más bienestar. El Foro Económico Mundial, que ha reunido en la ciudad suiza de Davos a líderes políticos y empresariales, lo ha dejado bien claro, aunque sus amenazas han pasado inadvertidas para la opinión pública. En esta cita se ha constatado que solo la industria 4.0 destruirá en un año siete millones de empleos en Europa.

El futuro, por tanto, parece condenado a cronificar el paro, la desigualdad y la feminización de la pobreza si no se establecen mecanismos de redistribución de la riqueza. Por cada cinco puestos de trabajo perdidos para las mujeres únicamente se creará uno para ellas. Este panorama tan desalentador fue puesto sobre la mesa por personas de influencia como los presidentes del BBVA y Banco de Santander, Francisco González y Ana Botín, respectivamente. El primero de ellos aseguró que la digitalización implicará menos empleo y afirmó que es competencia del sector público tomar las medidas necesarias para paliar las consecuencias.

No es casualidad que en este marco se impulse desde los poderes políticos y económicos más conservadores el debate sobre una renta básica universal, entendida, en su caso, como una red mínima de seguridad, que contribuya a controlar y a sofocar posibles brotes de conflicto derivados de un cambio drástico en los modos de vida.

En los próximos veinte años un número importante de trabajos, cualificados o no, serán reemplazados por máquinas y avances de vanguardia, entre ellos el big data, la nanotecnología o la impresión 3D. Finlandia es ahora mismo un laboratorio de referencia, en el que 2.000 personas recibirán durante dos años 560 euros por el hecho de existir. ¿Es ésta la solución? Evidentemente, no. Es la legitimación de la dualidad social que niega el derecho a desempeñar competencias y habilidades, dos aspectos clave de los que depende nuestra autoestima y dignidad. Por eso, es tan relevante que la izquierda se fortalezca y sume voluntades. Donald Trump se lo está poniendo fácil con actuaciones contrarias a los derechos humanos y a la democracia.

José Mugica, expresidente de Uruguay, sostiene, con toda la razón, que «somos derrotados cuando bajamos los brazos». No es el momento ni de la resignación ciudadana ni tampoco el de la confrontación en la izquierda. Divididos no podemos; divididos, perdemos. Gana la derecha y con ella quienes mueven sus hilos y toman las decisiones; esto es, la banca, la patronal y las transnacionales. Las corrientes que integran la formación morada están en su derecho a discrepar. Es positivo que debatan y se rebatan, pero si quieren sobrevivir con éxito tienen que reconectar con su base social, hacer suyas sus preocupaciones e inquietudes y proponer respuestas alternativas en las instituciones y en la calle. Si no lo logran, el PP y el PSOE tendrán tiempo para retomar la iniciativa, marcar la agenda política, revalidar el bipartidismo y defender los intereses de los privilegiados frente a los derechos de la población.