La ciudadanía es riqueza

Por ejemplo, supongamos aquí y ahora un trabajador con un sueldo medio y una edad de cincuenta años, que no ha podido ahorrar nada en su vida y que carece de cualquier propiedad, aunque habita con comodidad en una vivienda de renta subvencionada por la administración. En la estadística aparece dentro del decil de las personas carentes de cualquier patrimonio, como pobre absoluto. Sin embargo, esta persona recibe las prestaciones de enseñanza y sanidad para sí y para su familia, recibirá en el futuro una pensión porcentual a su salario de por vida, está asegurado contra accidentes e infortunios, y una red de garantía de ingresos mínimos le protege. Pues bien, todo eso vale; es más, se podría calcular actuarialmente su valor en forma de capital financiero actual necesario para producirlo: una pensión vitalicia de 2.000 euros en el futuro (con reversión al cónyuge) requeriría un capital superior a los 500.000 euros si nuestro sujeto tuviera que costeársela personalmente. Y mucho más si incluyera las prestaciones sociales antedichas. Y las cotizaciones que el trabajador ha pagado para ello no suponen más que un 30% del coste de ese capital, el resto se lo proporciona la solidaridad del sistema. Vamos, que el sistema mismo es un cuantioso patrimonio invisible.

Desde otro punto de vista, comparemos lo que significaba ser pobre hace un siglo y ahora. Entonces significaba que el sujeto sólo contaba con sus manos, sus hijos y con la beneficencia. Hoy ese ciudadano carente de medios dispone de un haz de prestaciones garantizadas que cubren todas sus necesidades básicas. Sin embargo, ese haz de prestaciones garantizadas no aparece en las estadísticas como riqueza personal computable, lo que desfigura hasta cierto punto sus conclusiones: técnicamente son igual de pobres el de hace un siglo y el de ahora. Pero de hecho no es así. Porque no computan lo que «vale» ser miembro de un Estado social.

A la misma conclusión se llega si hacemos una comparación entre el habitante de Guinea Ecuatorial que nada posee y el que se encuentra en la misma situación en Suecia. Ambos son en términos de riqueza personal igual de pobres, pero nadie diría que están en la misma situación de cara a la satisfacción de sus necesidades. De nuevo, ser ciudadano de ciertos países tiene un valor económico real. Ser sueco vale más, en dinero contante y sonante, que ser un español y muchísimo más que ser un ecuatoriano. Pero ese valor no luce en las estadísticas.

El afamado Thomas Piketty, en su estudio sobre el capital y las supuestas leyes sociales de su evolución, declinó tomar en consideración el valor de los estados de Bienestar como capital público alegando algo así como que su nivel de endeudamiento hacía que realmente no valieran nada. Esta puede ser una afirmación correcta desde un punto de vista contable, pero es absurda en la realidad cotidiana. Decir que para los ciudadanos no valen nada las prestaciones que reciben de la solidaridad organizada por el Estado es un sinsentido.

Es curioso, supongamos que en el futuro somos capaces de organizar un sistema de renta básica de ciudadanía que garantice a todo ciudadano, sólo por serlo, un ingreso directo procedente del Estado que será suficiente para vivir. El ideal para muchos, entre los que me cuento, como medio para salir de la trampa de un mundo de trabajo declinante. Pues bien, en ese futuro unos, además, trabajarán y obtendrán sus rentas y sus riquezas. Otros se contentarán con disfrutar de la vida con ese mínimo garantizado por el Estado, es decir, serán técnicamente «pobres de solemnidad». Pero a nadie se le ocurriría verlo así y decir que un sistema de renta básica de ciudadanía conduce a la pobreza de parte de la población. Porque la ciudadanía es y será en sí misma una riqueza, un elemento patrimonial tangible. Por eso no hay tanto pobre como dicen las estadísticas.