Una conferencia exitosa

La relevancia de la Conferencia de Presidentes contrasta con el hecho de que, en 12 años, solo se ha reunido en seis ocasiones y con el dato de que, hasta que fue incluida en el artículo 146 de la ley 40/2015 de régimen jurídico del Sector Público, careció de cualquier tipo de cobertura jurídica. La ley nada dice sobre la periodicidad de sus sesiones, sobre las obligaciones de sus miembros, sobre el procedimiento de adopción de acuerdos, sobre la eficacia de los mismos. Este vacío normativo explica -aunque no justifica- que ni siquiera está regulada expresamente la obligación de asistir y participar en la conferencia. Aprovechando ese vacío, los presidentes de dos comunidades autónomas, Cataluña y el País Vasco, decidieron no participar en la conferencia. Estas ausencias son contrarias a la Constitución y a los principios de solidaridad y cooperación, o lo que en otros ordenamientos como el alemán se denomina lealtad federal.

En Alemania, dicho principio obliga por igual a la Federación y a los Länder, y a sus gobiernos, a participar en los órganos de cooperación, y a hacerlo, además, con una actitud constructiva. El Tribunal Constitucional de Alemania ha declarado la inconstitucionalidad de las actitudes meramente obstruccionistas tendentes a impedir la consecución de acuerdos. Se trata de una obligación que, con independencia de que esté prevista o no en la ley, emana de la Constitución misma. Esto pone de relieve que España tiene aún mucho que aprender de Alemania en materia de descentralización.

En este contexto, el éxito de la Conferencia del pasado día 17 ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar el diseño jurídico de la misma, lo que requiere no solo garantizar su periodicidad sino también el procedimiento de adopción de acuerdos, e incluso, en una última fase, su inclusión en el Texto Constitucional.

La única nota negativa de una conferencia en la que se han acordado las bases de un nuevo sistema de financiación autonómica y se han adoptado decisiones importantes en materia educativa o de dependencia ha sido la ausencia de los dos presidentes mencionados. Esta actitud entraña consecuencias negativas para los gobiernos y los ciudadanos de las comunidades autónomas vasca y catalana. Urkullu y Puigdemont privaron a los gobiernos de sus autonomías de su derecho a ser oídos y a aportar su visión sobre los problemas debatidos, así como de la posibilidad de deliberar con sus homólogos sobre los mismos. Su negativa a participar supuso un rechazo al diálogo mismo. No a una propuesta o pacto concreto, sino a la mera posibilidad de alcanzar un acuerdo en el seno de la conferencia. No hace falta argumentar mucho más para demostrar que esa actitud es incompatible con la lealtad constitucional. Y refleja, además, un claro menosprecio hacia el resto de comunidades autónomas cuyos presidentes acudieron a la conferencia con plena lealtad. Incluida la presidenta de Navarra, Uxue Barkos.

En el caso del mandatario catalán, resulta incomprensible que, tras haber denunciado los defectos del vigente sistema de financiación autonómico, se haya negado a participar en el foro en que se debatió sobre ello, además de sobre otros temas de indiscutible interés para los ciudadanos de Cataluña (dependencia, educación, inmigración, etc). Su ausencia solo puede ser interpretada como un rechazo a cualquier tipo de diálogo y una confirmación de sus propósitos golpistas.

La de Urkullu tampoco tiene justificación alguna. Si bien es cierto que, por la singularidad foral vasca, el debate sobre el nuevo sistema de financiación no le afecta directamente, todos los demás temas que se abordaron revisten una importancia decisiva para los ciudadanos vascos. Su ausencia desmiente su proclamada voluntad de diálogo político y, en la medida en que preside un gobierno de coalición, ha comprometido a sus socios de gobierno. Socios que lógicamente le han reprochado su actitud. El error puede y debe ser corregido mediante la participación del Gobierno vasco en los grupos de trabajo encargados de desarrollar los acuerdos. Cabe ser optimistas sobre ello dada la lógica presión que ejercerán los consejeros socialistas del Gobierno de Vitoria, y la próxima apertura de una vía de diálogo directo con el Ejecutivo de Rajoy.

En definitiva, el éxito de la conferencia obliga a considerarla como un punto de partida. Como el primer paso de una nueva política de diálogo permanente y de búsqueda de acuerdos entre el Estado y las comunidades autónomas -que son también Estado-, que deberán desarrollar los grupos de trabajo. No hay ninguna razón para que el Gobierno vasco no se incorpore a estos.