El parón que suele acompañar la llegada del nuevo año ha dejado en un segundo plano una noticia políticamente relevante. El Tribunal Constitucional de Alemania -con sede en Karlsruhe, segunda ciudad del estado de Baden Würtemberg- acaba de rechazar una petición del Partido de Baviera ... para poder consultar a los ciudadanos de ese rico länd si desean la independencia.
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Los secesionistas, socios europeos de Eusko Alkartasuna y de los catalanes de ERC en la ALE (Alianza Libre Europea), y actualmente sin representación ni en el Parlamento de Berlín ni en el regional de Münich, esgrimían el supuesto derecho a la autodeterminación de los pueblos para seguir adelante con su propósito. El Constitucional germano, como antes el español o el italiano, no ha podido ser más contundente en su rechazo.
El alto tribunal define a Alemania como un estado nación basado en el poder constituyente de todo el pueblo alemán. No ha lugar, por tanto, a que los ciudadanos de una parte del estado federal decidan sobre algo que afecta al conjunto sin contar con la opinión del resto de los nacionales.
De esta forma Europa da un nuevo portazo a las aspiraciones independentistas de una de sus regiones. Mejor dicho, en este caso ni eso; a los deseos de secesión de una pequeña minoría de bávaros, a tenor de los reiterados resultados en las urnas del partido proponente. Exactamente igual que sucedió con anterioridad con otras. Los nacionalismos vasco y catalán algo saben de todo eso.
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Pese a ello, el independentismo catalán dice estar dispuesto a seguir hasta el final con su propósitio de celebrar en septiembre una consulta secesionista pactada con el Estado. Como tal acuerdo no llegará, y otra pseudoconsulta como la del 9 de noviembre de hace dos años carece de sentido, todo apunta a que la tentativa rupturista puede acabar en unas nuevas elecciones. Unos comicios que, según algunas encuestas, podrían significar la tumba del PDECat (la antigua Convergència) y abrir la puerta a un eventual gobierno de ERC con los comunes de Ada Colau y Xabier Domenech.
Aquí, en Euskadi, el PNV ya ha dejado suficientemente claro que la vía catalana hoy por hoy no es la suya y que buscará un acuerdo de convivencia para seguir en España. Un pacto que pasa por un primer acuerdo transversal entre vascos y un segundo con el Gobierno central, que es tanto como decir con el PP, salvo acontecimientos hoy por hoy no previsibles.
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El Gobierno Rajoy y los jeltzales llevan algunas semanas tanteando las posibilidades de transformar años de incomunicación en el inicio de un nuevo ciclo de entendimiento. Esta semana puede ser importante para certificar si los deseos y las palabras dejan paso a hechos y realidades.
Los populares necesitan con urgencia aliados para sacar adelante los Presupuestos del Estado para 2017. El PNV puede ser determinante. Pero también el PSOE. El voto jeltzale sólo adquirirá valor en la medida en que los socialistas mantengan su no a las cuentas.
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Rajoy tiene un argumento convincente para persuadir a los socialistas de que le apoyen las cuentas a cambio de cesiones que consoliden a estos como la izquierda eficaz frente al maximalismo de Podemos: la posibilidad de convocar nuevas elecciones generales a partir de mayo. Una opción inocua para los peneuvistas pero que pillaría completamente desarbolado a un PSOE que previsiblemente seguirá sin líder hasta junio o julio, por deseo interesado de la principal aspirante al puesto: la andaluza Susana Díaz.
Pero, ocurra lo que ocurra con los socialistas, y lleguen o no en los próximos días los primeros acuerdos entre PP y PNV, no parece conveniente dar nada por definitivo. La legislatura estatal acaba de empezar y los populares van a requerir de apoyos para cada paso que quieran dar.
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En cuanto a los jeltzales, su apuesta por dar un nuevo salto adelante en el autogobierno vasco pasa por acordar también con el PP, por difícil que parezca en este momento. O al menos por ganar la batalla de la opinión pública de que el culpable de un eventual desacuerdo es el adversario.
La partida, pues, acaba de empezar.
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