Presos: sálvese quien quiera

La decisión actual de aceptación de la legalidad es el resultado de los fracasos de todas las estrategias puestas en marcha por ETA. Basta leerse el documento de los jefes del colectivo de presos para ver cómo hasta ellos aceptan el éxito del Gobierno, desde la negativa a negociar la excarcelación de los reclusos a sucesivos golpes policiales contra el aparato de makos. Una vez más, la política de firmeza ha servido para cambiar la actuación de los terroristas en la línea deseada por las instituciones. Fracasados todos los intentos de salir de la cárcel mediante atajos, los presos, al menos una parte de ellos, han terminado aceptando que sólo les queda el acatamiento de la legalidad penitenciaria y de uno en uno. Nada de actuar como grupo organizado a golpe de consigna, tal y como hicieron por última vez entre 2014 y 2015, cuando solicitaron sin éxito el traslado a cárceles vascas.

El documento elaborado por la dirección de los presos de ETA viene a recoger la idea que expresó el dirigente de Sortu Rufi Etxeberria en enero del pasado año: «La salida de los presos (de la cárcel) no va a venir de la mano de un acuerdo alcanzado en torno a una mesa, se deberá dar desde el desarrollo de la legislación». Añadió que el «ámbito jurídico y penitenciario» era «una vía que habrá que utilizar, rechazando siempre el arrepentimiento y la delación». Terminaba pidiendo a los presos que dieran pasos. Aquellas palabras alborotaron las cárceles porque implicaba aceptar todo lo que habían rechazado en el pasado. Las inercias pesan y más cuando se cree que están traicionando su propia historia. No pocos etarras encarcelados se opusieron abiertamente a la idea del dirigente de Sortu y proclamaron, por cauces internos, que se negarían a dar pasos en ese sentido.

Tal vez esas resistencias internas expliquen por qué se ha tardado casi un año en plasmar en un documento de los presos la aceptación de la legalidad. Y, además, se ha hecho dejando abiertas todas las posibilidades, tanto la de acogerse a la legislación penitenciaria y como la de no hacerlo. Es un sálvese quien quiera.

Los autores del documento temen que establecer una opción única como doctrina oficial acabe rompiendo al colectivo de presos y por eso avalan todas las posibilidades. El riesgo de la ruptura interna no desaparece por ello: en la medida que unos cuantos reclusos obtengan beneficios penitenciarios, los que no los hayan pedido pueden acabar sintiéndose agraviados por sus propios compañeros.

En la actualidad, unos cuantos terroristas presos llevan desde hace un par de años acogiéndose a la legalidad penitenciaria: han solicitado trabajos dentro de las cárceles, como las tareas de limpieza, atender en la biblioteca, el economato o cualquier otra labor de las que se ofrece a los internos, con el objetivo de mejorar su situación de cara a futuros traslados o cambios de grado. Y lo han hecho sin esperar las bendiciones oficiales. Otros, en cambio, se han encastillado en el rechazo absoluto y siguen protagonizando conflictos o medidas de confrontación con las autoridades carcelarias. Reclusos de las cárceles de Huelva, Córdoba y Sevilla, por ejemplo, han estado realizando huelgas de hambre rotatorias desde agosto hasta octubre. Hay una división latente que puede agravarse en el futuro.

Por último, hay que dejar constancia de que la decisión de los jefes de los presos de ETA no tiene nada que ver con la vía de Nanclares. El punto de partida de esta vía era el rechazo del terrorismo perpetrado por la banda como tal y por cada uno de los que se acogía al camino de Nanclares. La propuesta oficial de los etarras rechaza expresamente el arrepentimiento, justo lo contrario de Nanclares, aunque no se formulara con esa expresión. Esa negativa a desmarcarse de los delitos cometidos limitará los beneficios a los que pudieran acceder.