Los retos del nuevo Gobierno

Presupuestos

Una alternativa diabólica: recortes o subidas de impuestos

Hay ocasiones en que hay que escoger entre lo malo y lo peor. Que se lo digan al PSOE. Bueno, pues ahora el Gobierno de Rajoy deberá elegir entre dos fórmulas incómodas y poco populares para lograr el ajuste de 5.500 millones de euros al que se ha comprometido con Bruselas: o subir impuestos o hacer recortes. Concluido el periodo de gracia dado por la UE, que incluyó en verano el perdón de una multa de hasta 2.000 millones con parte de los socios comunitarios en contra, ha llegado el momento de buscar cómo reducir el déficit para cumplir así la senda de consolidación fiscal marcada por la Comisión Europea.

Los primeros indicios de por dónde irán las cosas llegarán en poco tiempo. Será de la mano del llamado 'techo de gasto', el paso previo a la elaboración de los Presupuestos para 2017 que señalará si el nuevo Ejecutivo prefiere apretarse el cinturón y gastar menos o tirar de la subida de tributos. Un trago amargo para un Gobierno que, de hecho, los bajó en plena campaña electoral, lo que ha tenido un notable impacto en la recaudación de Hacienda.

Así que a la vista de que el Estado del Bienestar no es barato supone el 63% del gasto público y cada mes hay 14 millones de españoles que reciben algún tipo de prestación, existe un amplio consenso en que no habrá otro remedio que un aumento de la fiscalidad. Estos días ya se ha producido un entremés de lo que viene al aprobarse el adelanto del cobro del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades para las grandes empresas y, así, meter en las arcas públicas 8.300 millones en lo que resta de año.

¿Y luego? Elevar el IRPF a las rentas más altas, tocar al alza el Impuesto de Patrimonio, utilizar los impuestos especiales (alcohol, tabaco, hidrocarburos) y los medioambientales... O hacer caso, otra vez, a Bruselas y jugar con el IVA, traspasando productos gravados con los tipos superreducido (4%) y reducido (10%) al tipo general del 21%.

Seguridad Social

Batalla contrarreloj para salvar las pensiones públicas

«Antes de fin de año». Ese es el plazo marcado públicamente por Rajoy durante la sesión de investidura para reunir al Pacto de Toledo y abordar la reforma de las pensiones. Y por mucho que se empeñara en restar dramatismo al subrayar que cada pensionista que se incorpora al sistema se ve compensado por la entrada de seis nuevos cotizantes, la situación es seria. Los datos dan miedo. Desde hace seis años, la Seguridad Social se desinfla: al concluir 2016 se alcanzará un déficit récord de 19.000 millones y el próximo ejercicio el Fondo de Reserva la hucha' de las pensiones a la que se recurre desde 2012 para abonar las pagas extra de junio y Navidad se agotará.

Las razones de este debilitamiento que tanto agobia son obvias: se han perdido tres millones y medio de afiliados en los años de la crisis, en los que los sueldos se han devaluado y el empleo se ha precarizado. En suma, los ingresos por cotizaciones no cubren los pagos de las pensiones. Y la brecha es cada vez más profunda porque desde 2007 se han incorporado más de un millón de nuevos pensionistas que, además, perciben mayores prestaciones.

Ante semejante panorama, ¿qué se puede hacer? Gobierno, oposición y sindicatos han tratado de mandar mensajes tranquilizadores al coincidir en que hasta 2009 no hubo hucha, la Seguridad Social estuvo en números rojos entre 1992 y 1998 y, pese a ello, se pagaron religiosamente las pensiones gracias a que se recurrió a la petición de préstamos. Pero ahora la pretensión es que el Pacto de Toledo tome medidas que aporten más ingresos para las pensiones y eso consiste en recurrir a los impuestos para transferir más dinero a la Seguridad Social.

Habrá, además, que someter a escrutinio todas las prestaciones, en especial las de viudedad y orfandad, que podrían ser financiadas por los Presupuestos Generales del Estado. En cualquier caso, la clave para la salvación es alcanzar el objetivo de que para 2020 haya 20 millones de españoles trabajando. Ahora son 17,8 millones de media mensual, según los datos oficiales de octubre.

Desafío catalán

Referéndum independista en septiembre de 2017

El presidente del Gobierno tiene asumido que se enfrenta al reto «más grave» de su mandato. El anuncio de los soberanistas catalanes de que convocarán un referéndum de independencia vinculante, con o sin acuerdo con el Estado, en septiembre de 2017 ha encendido todas las alarmas. Rajoy es consciente de que el problema no se arreglará recurriendo únicamente a la vía penal contra los cargos desobedientes.

Conocido por su afición a esperar a que los problemas se resuelvan solos o se pudran, sabe que mirar hacia otro lado no sirve en el caso del desafío independentista. A pesar de que la tendencia a la baja de la antigua Convergència (ahora PDC) y de la CUP amenaza con privar a los soberanistas de la mayoría absoluta del Parlament si ahora se celebrasen nuevas elecciones, Esquerra gana pujanza cada día e, indudablemente, el posicionamiento de Podemos a favor de la convocatoria del plebiscito y la tensa relación entre el PSC y el PSOE, siempre pendiente de un hilo, no colocan al Gobierno central en una posición favorable.

Por mucho que alcance un acuerdo con Ciudadanos para reafirmar la soberanía indivisible del pueblo español y que cuente con el apoyo del PSOE, partidario de una reforma federal para encauzar las tensiones territoriales, el presidente del Gobierno sabe que necesita hacer «algo». Ese «algo», desde luego, no pasa por alentar una reforma del modelo ni mucho menos por una solución al estilo de la que alcanzó David Cameron con el SNP escocés para convocar un referéndum.

Ya lo dijo en el debate: la Constitución española no lo permite y punto. Así que ha recurrido a la baza de la reforma del sistema de financiación autonómica para ofrecer mejores condiciones a Cataluña. No obstante, la oferta, que podría haber satisfcho quizás a la Convergència más pactista, no servirá para sofocar un desafío hasta ahora condicionado por republicanos y anticapitalistas.

Renovación de la Carta Magna

El pacto con Ciudadanos obliga a reformar la Constitución

Mariano Rajoy no hizo mención alguna ni en su discurso de investidura ni en el debate posterior a la reforma de la Constitución. Ni siquiera cuando los periodistas le preguntaron por las indiscreciones de los portavoces al desvelar que el Rey es partidario de «desdramatizar» la modificación de la Carta Magna, quiso el ya presidente decir «ni media palabra». El mutismo de Rajoy da idea de su resistencia a abrir un melón conflictivo, que siempre ha sido tabú para el PP. Los populares, de hecho, no incluyeron en su programa compromiso alguno al respecto.

No obstante, su nueva situación de debilidad parlamentaria ha obligado a Rajoy a mostrarse, como mínimo, receptivo a hincar el diente a la reforma de la Constitución casi cuatro décadas después. Eso sí, siempre ha supeditado la apertura del debate a que exista un consenso previo sobre qué se quiere reformar y para qué. Sin embargo, el acuerdo con Ciudadanos le forzó a abrir la puerta a la «actualización» del texto esta legislatura, si bien ya en el momento de rubricar el pacto, Rajoy dejó claro que se compromete a «estudiar» qué aspectos serían susceptibles de modificación, «aunque eso no quiere decir que la vayamos a cambiar».

Incluso logró que Albert Rivera aceptara una mesa de partidos que trate de buscar un mínimo común denominador antes de convocar una subcomisión parlamentaria que se ponga manos a la obra. Esas maniobras dilatorias y las mayorías cualificadas que la propia Carta Magna exige para su reforma hacen difícil pensar que el lavado de cara pueda ir más allá de algunos aspectos ya señalados por el Consejo de Estado en su informe de 2006, como la supresión de la discriminación a la mujer en la línea sucesoria de la Corona, la adhesión a la construcción europea o la necesidad de reformar el Senado. Muchísimo menos probable parece que exista quórum suficiente para repensar el modelo territorial.

Leyes conflictivas

La 'ley mordaza', la Lomce y la reforma laboral, en la picota

La cuestión es salvar los trastos de la mejor manera posible. Esa impresión es la que ofrecen Rajoy y su partido respecto a la ardua labor que les espera en la nueva legislatura para evitar convertirse en el náufrago que todo lo pierde y conservar y desarrollar al máximo posible su legado del pasado cuatrienio. La piqueta que puede representar una oposición en mayoría sobre un Ejecutivo en minoría amenaza la vigencia sin cambios de, al menos, tres normativas tan fundamentales como polémicas de la ya perdida primacía parlamentaria del PP: la Ley de Seguridad Ciudadana (la denominada ley mordaza), la Lomce y la propia reforma laboral los sindicatos ya han recordado que ahora habrá una mayoría de diputados a favor de derogarla y/o de recuperar derechos y diálogo sociales.

El líder del PP tendrá que esforzarse sobremanera en alcanzar acuerdos con otros grupos de la Cámara para minimizar el número de golpes a este armazón. El primer aviso se produjo el jueves, cuando Rajoy anunció la moratoria sobre las reválidas, a las que el Gobierno dejará ahora sin valor académico en la ESO y Bachillerato nadie sabe hasta qué curso. Tuvo que avenirse así a una claudicación parcial de su reforma educativa y a prometer un pacto de Estado por la Educación para lograr preservar su acuerdo de investidura con Ciudadanos y parar el embate del resto de la oposición.

Será ésta una de las primeras leyes que pongan a prueba el nivel de cesión del PP, a tenor de la urgencia de ofrecer un proyecto definitivo y claro a una comunidad educativa cuyo estado de incertidumbre amenaza con volver a llenar las calles de pancartas. Aparte de cuestiones como la actualización de la ley de género o una revisión de la ley electoral causantes de roces tectónicos en el hemiciclo, a Rajoy le queda por encarar el posible trago de tener que tocar una ley de seguridad que se había convertido en piedra filosofal de la mayoría popular. El PP está solo en la defensa de la prisión permanente revisable. Y hoy la soledad es más fría que nunca.