Un pleno de investidura decisivo

Los acontecimientos del último año han puesto a prueba la funcionalidad del sistema y confirmado que el Estado Constitucional es un Estado de partidos que sólo puede funcionar sobre la base de la lealtad de estos a la Constitución y a la democracia representativa entendida como transacción o compromiso. Durante el último año, las actitudes y comportamientos, tanto del PP como del PSOE, han sido claramente antiparlamentarios. El Partido Popular no aceptaba la lógica parlamentaria cuando afirmaba que los ciudadanos habían elegido a Rajoy -como si se tratase de un sistema presidencialista de gobierno- y que sólo este podía ser presidente. El PSOE tampoco la aceptaba en la medida en que ante la imposibilidad numérica de formar un Gobierno reformista alternativo (con Ciudadanos) rechazaba cualquier tipo de diálogo con el PP y se aferraba a una actitud obstructiva que, de no haber sido modificada, nos abocaba a las terceras elecciones.

La gestora del PSOE presidida por Javier Fernández ha situado de nuevo al PSOE en la senda del parlamentarismo. Esto supone, por un lado, aceptar su derrota electoral y la consiguiente necesidad de que el Partido Popular, como partido más votado, forme Gobierno, y por otro lado, hacer valer sus 85 escaños para impulsar desde la oposición la agenda reformista que requiere España.

Corresponde ahora al Partido Popular colocarse también en la senda del parlamentarismo, lo que le obliga a asumir su condición de minoría mayoritaria, y la necesidad de pactar los presupuestos y las grandes reformas. Desde esta óptica, el pleno de investidura reviste, en esta ocasión, una importancia decisiva. El discurso de investidura de Mariano Rajoy no es un mero trámite. Normalmente, este discurso no es sino una exposición resumida del programa de gobierno del partido ganador a desarrollar durante los cuatro años siguientes y tiene por destinatarios a los diputados del propio partido, cuyo respaldo es seguro, y a sus votantes. En el pleno de esta semana, la situación es muy distinta. No se trata de un discurso destinado exclusivamente a los diputados y votantes del PP. Mariano Rajoy tiene ante sí el reto de construir un discurso dirigido al mayor número de diputados posible, y también al mayor número de ciudadanos. En primer lugar, al de quienes le han confirmado su apoyo (Ciudadanos); en segundo lugar, al de quienes con su abstención, indirectamente, van a permitir su investidura (PSOE); y por último, a aquellas fuerzas que aunque hayan anunciado su voto en contra, podrían participar en consensos futuros (PNV).

Para ello, el discurso de investidura no puede ser la exposición del programa electoral del PP. Mariano Rajoy no puede permitirse un discurso de investidura como el anterior. Por un lado, debe construir un discurso aperturista e integrador en el que, reconociendo la gravedad de muchos de los problemas a los que nos enfrentamos (estabilidad presupuestaria, sostenimiento de la Seguridad Social, desafío secesionista catalán, etc.) apele a la colaboración de todos -y especialmente del PSOE- para alumbrar soluciones consensuadas. Por otro lado, y para intentar recuperar la credibilidad perdida por los escándalos de corrupción vinculados al PP, el discurso debe contener un alegato claro y contundente contra la corrupción política, y el compromiso de aprobar en un plazo breve una batería de reformas para combatir las causas de la corrupción. Finalmente, y para ser creíble, Rajoy podría anticipar su voluntad de integrar en el nuevo Gobierno a personalidades independientes y de prestigio, que infundan confianza al resto de partidos.

El discurso de investidura puede ser, en este sentido, el pórtico de una legislatura complicada pero fructífera si es capaz -con el impulso y concurso de la oposición- de poner en marcha una agenda de reformas. Hemos perdido un año, pero estamos a tiempo de encauzar la mayor parte de nuestros problemas. La primera prueba consistirá en aprobar los presupuestos generales del Estado atendiendo a los requerimientos de la Unión Europea.

De lo que se trata es de recuperar el papel de la representación política, el protagonismo del Parlamento, los acuerdos entre los partidos, el diálogo constructivo. Y de hacerlo en un momento en que la democracia parlamentaria es puesta en cuestión por quienes frente a ella apelan a la «legitimidad de la calle», muestran su desprecio por los «parlamentarios que no muerden» y consideran un síntoma de «salud democrática» impedir el derecho a la libertad de expresión de quienes no comulgan con sus ideas. El auge de estas fuerzas e ideas «populistas» y contrarias a la representación política otorga también un especial significado al pleno de investidura de esta semana. Rajoy y los portavoces de los distintos partidos tienen que dejar muy claro que es la hora de las instituciones y que fuera de ellas no hay política democrática posible.