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Alberto Ayala
Viernes, 21 de octubre 2016, 01:00
El caso Epsilon ya tiene su primera sentencia definitiva. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha decidido confirmar la condena a tres ... años de inhabilitación y al pago de una multa de casi 900.000 euros (899.263) al exprofesional de la Fórmula 1 Joan Villadelprat, captado por el Gobierno Ibarretxe para ejercer como administrador único de la compañía, por la quiebra fraudulenta de la empresa, según el fallo al que ayer tuvo acceso EL CORREO.
Cinco años después de que este periódico desvelara el triste final del ambicioso proyecto automovilístico auspiciado por el PNV para que Euskadi tuviera un día un bólido propio en el gran circo de la Fórmula 1, el primero de los dos procedimientos judiciales abiertos tras la quiebra de la compañía ha llegado a su término. Y lo ha hecho de la peor manera para los intereses de Villadelprat, en la actualidad comentarista televisivo.
El alto tribunal ha decidido rechazar el recurso de casación interpuesto por Villadelprat contra la sentencia dictada en su día por la Audiencia de Álava. Fallo que venía a confirmar en todos sus términos excepto en uno la condena dictada hace tres años por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Vitoria.
En esencia, el fallo del Supremo reprocha a quien fue administrador único de Epsilon Euskadi haber incrementado las deudas de la compañía «contra las más elementales normas de cuidado» cuando las pérdidas abocaban a la firma a la quiebra y no cabía pensar de una forma realista en que fuera posible captar nuevos inversores. Además, censura la decisión de Villadelprat de vender la división de competición a una firma creada al efecto por el exdirector financiero de Epsilon porque «supuso la descapitalización» de la empresa, ya que era su principal fuente de ingresos.
48 millones a la basura
En total, el proyecto Epsilon ha supuesto tirar a la basura casi 48 millones de euros (casi 8.000 millones de pesetas) de dinero público. Una cifra especialmente llamativa si se tiene en cuenta la mínima inversión unos pocos miles de euros que realizaron Villadelprat y sus colaboradores.
Alrededor de la mitad de esa cantidad son subvenciones a fondo perdido que el PNV arrancó en su día al Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero a cambio de evitar su caída. Otros 16 millones son el dinero que el Gobierno vasco se vio obligado a abonar hace tres años por culpa del aval encubierto que el exlehendakari Ibarretxe concedió graciosamente a sus apadrinados para que la Caja Vital y la Kutxa le prestaran fondos. Lo más grave es que lo hizo contra el criterio técnico del bufete de Mario Fernández, ex vicelehendakari y expresidente de Kutxabank, que por aquel entonces asesoraba jurídicamente al Parque Tecnológico de Álava en el que se encuentran las antiguas instalaciones de la empresa, hoy cerradas.
El Gobierno en funciones del lehendakari Urkullu, en concreto el departamento de la consejera Arantza Tapia, lleva años intentando hallar un comprador para el edificio con el objetivo de enjugar, siquiera parcialmente, esos 16 millones de pérdidas para las arcas de todos los vascos. Hasta ahora Tapia ha fracasado, pese al túnel de viento supuestamente vanguardista con que cuenta el edificio y a que el Gobierno vasco ha rebajado en varios millones de euros sus pretensiones económicas.
El fiasco Epsilon tiene una segunda derivada judicial. La Audiencia alavesa absolvió el pasado mes de julio a los exresponsables de la compañía en el ámbito penal por la descapitalización de la firma. Lo hizo curiosamente con los mismos argumentos que ahora han llevado al Supremo a condenar a Villadelprat.
El fiscal jefe de Álava, que entonces pidió 8 años de cárcel para Villadelprat y para su director financiero, Mark Phillip Payne, estudiará en las próximas semanas con el Ministerio Público del Supremo si recurren en casación esta absolución, como parece probable.
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