Gobierno sin control

En la medida en que el Gobierno en funciones no puede aprobar proyectos de ley, habrá de recurrir al decreto-ley para actualizar las pensiones y subir el sueldo a los funcionarios, y deberán ser las Cortes las que mediante proposiciones de ley resuelvan otro tipo de incidencias, como, por ejemplo, prever que la cúpula de la CNMV pueda seguir desempeñando su puesto en funciones mientras no se designe a sus sustitutos.

Ahora bien, todo lo anterior pone de relieve un problema estructural y grave: el elevadísimo número de cargos de libre designación por parte del Gobierno. Incluidos algunos cuya independencia es esencial para el correcto cumplimiento de su función. La citada presidenta de la CNMV ha sido diputada del PP y el próximo gabinete podría igualmente designar a un miembro del partido correspondiente. Desde esta óptica, las reformas que requiere nuestro sistema institucional -más allá de la urgencia por evitar la parálisis que se avecina- consisten en establecer modos de designación de los miembros de los órganos reguladores (CNMV, Banco de España, etc.) con arreglo a criterios de mérito y capacidad mediante procedimientos objetivos. Si esas reformas se hubieran llevado a cabo, la legitimidad de los reguladores sería mayor y la interinidad del Gobierno no supondría problema alguno para la renovación de la presidenta de la CNMV.

Junto a ese problema estructural que un futuro Gobierno reformista debería abordar con premura, nos enfrentamos con otro problema coyuntural que afecta a la esencia misma de nuestra democracia constitucional. El derivado de que el Ejecutivo en funciones a pesar de que continúa ejerciendo como tal -con funciones limitadas- se ha declarado irresponsable ante las Cortes Generales. Desde principios de año decidió no responder ante ellas y por ello ni el presidente ni los ministros aceptan ser controlados por los parlamentarios. Cuando se convoca un pleno de control para exigir a un ministro que dé explicaciones sobre alguna decisión adoptada, simplemente no comparece. Esta semana hemos asistido al último plantón al Congreso por parte del de Economía. El Gobierno se ha negado a comparecer para explicar el nombramiento del director ejecutivo del Banco Mundial, inicialmente adjudicado al exministro Soria y luego rectificado.

Nos encontramos en un escenario en el que el Ejecutivo, lógicamente, continúa actuando como tal. Y sin embargo, se niega a dar explicaciones al Congreso, a responder políticamente ante los representantes de los ciudadanos. La gravedad de este comportamiento -en la medida en que se prolonga meses- no puede pasar inadvertida. Realmente, un Gobierno que no responde ante el Parlamento deja de ser auténticamente democrático. Su comportamiento implica el desconocimiento de lo que cualquier alumno de primero de Derecho sabe: no puede haber Gobierno democrático sin control parlamentario. Su control es una función inherente a la democracia parlamentaria. Ese es el sentido del art. 66. 2 CE: «Las Cortes controlan la acción del Gobierno». También la del que está en funciones.

Frente a esto, el Gobierno sostiene que no responde ante las Cortes porque éstas no son «las que le eligieron». Confunde la relación de confianza existente exclusivamente entre el Congreso y el Ejecutivo con la función de control que compete tanto al Congreso como al Senado y es independiente de la anterior. Por ello el Senado, éste, el anterior, y cualquier otro que nunca eligieron al Gobierno lo controlaron siempre. En el pasado, ningún miembro del Ejecutivo osó dar plantón al Senado alegando que éste «no le eligió».

Ambas cámaras han planteado un conflicto al Tribunal Constitucional por este motivo. Dado lo que está en juego, la vigencia del principio del control parlamentario del Gobierno, que es tanto como decir la del principio democrático, el Constitucional debiera haberlo resuelto ya. Por el contrario, ha demorado su resolución, aceptando la práctica de pruebas solicitadas por el Ejecutivo, que sólo contribuirán a demorar la definitiva y esperada sentencia sobre el asunto. Mientras ésta no se dicte, el Gobierno seguirá actuando en funciones y sin control.