¿Podemos en el Gobierno vasco?

En primer lugar, estarían los propios condicionantes de Podemos, sus fortalezas y debilidades. Empecemos por las fortalezas. Podemos ha demostrado en su corta andadura que es capaz de representar a grupos de población muy diversos, algunos de los cuales eran tradicionalmente esquivos a la política partidista; y también su capacidad de incidir sobre la cultura política, dando presencia social a un discurso contrahegemónico que antes no tenía apenas visibilidad. E incluso alterar el orden de prioridades que establecía la vieja agenda política, forzando a las élites políticas y mediáticas a acercarse al país real. Hasta sus detractores le reconocen a Podemos haber servido para agitar unas aguas que llevaban demasiado tiempo estancadas.

En cuanto a las debilidades, hay que resaltar la poca experiencia institucional y la debilidad programática y organizativa de un proyecto joven. También se le puede criticar que en algunos casos, por las propias limitaciones objetivas y en otros, por una voluntad deliberada, los representantes de Podemos intervienen a veces en el debate político con posturas ambiguas y evasivas, más propias de un partido catch all (atrapalotodo).

El proyecto del Podemos vasco está condicionado por esas fortalezas y esas debilidades, pero también por las que le impone el entorno internacional, que no favorece las políticas de empoderamiento y redistribución de recursos. Tampoco un gobierno central liderado por el PP. Ni siquiera el contexto institucional vasco, al menos si el cambio pretende revertir la generación de desigualdad. No resultaría fácil intervenir sobre la obtención de recursos, porque la política fiscal la gestionan las Diputaciones, igual que la lucha contra el fraude. Y es difícil imaginar cambios importantes del modelo económico sin reformas sustanciales en el esquema impositivo y en la batalla a la evasión. En última instancia, el cambio de políticas económicas quedaría limitado prácticamente al cambio en las prioridades de gasto y aunque se tuvieran estas claras, no resultaría fácil prescindir de políticas ya consolidadas para reorientar los recursos hacia otras nuevas.

¿Qué margen de maniobra queda entonces para un eventual gobierno de cambio? ¿Podrá desarrollar políticas que alteren realmente el statu quo o se verá limitado al voluntarismo? En primer lugar, parece evidente que cualquier cambio en el modelo de bienestar y en la reversión de la tendencia creciente en los últimos años hacia la desigualdad no será seguramente muy rotundo mientras las políticas europeas las diseñe la actual Troika, en Madrid gobierne el PP y las Haciendas vascas sigan en manos del PNV. Lo cual no significa que no quede margen de maniobra.

En mi opinión, la posibilidad de desarrollar políticas reales de cambio depende de varios elementos. Por una parte, depende de la capacidad de articular un programa político con respuestas concretas, con un orden de prioridades claro y con las correspondientes previsiones presupuestarias. Se pueden liberar recursos importantes de aquellas grandes infraestructuras que estén poco justificadas; de duplicidades, de gastos innecesarios, de fugas hacia intereses privados. Se pueden dar pasos importantes en educación, hacia un modelo que no segregue; en políticas de igualdad -conciliación laboral...-, en políticas de vivienda -empezando por optimizar el uso del parque actual-; en sanidad -recuperar el lugar que ocupaba Osakidetza como referente-; en gestión de residuos -superar la incineración-; en energías alternativas, en normalización -preservándola del electoralismo-; en derechos de los consumidores y usuarios -productos financieros abusivos...-; en modelo institucional -reforzando el Parlamento vasco frente al modelo provincialista de la Ley de Territorios Históricos-; en transparencia y participación -fomentando modelos que han demostrado eficiencia en experiencias pioneras-; en materia laboral -empezando por las exigencias a las empresas que trabajan con la Administración o reciben ayudas de ésta-; en políticas urbanísticas anti-especulativas; en anticorrupción -creando una potente unidad especializada de la Ertzaintza y exigiendo una fiscalía específica-; y en un largo etcétera de políticas concretas, enfocadas desde una perspectiva general de solidaridad y sostenibilidad, tal como plantea la economía del bien común..

Y por otra parte, el espacio del cambio depende no sólo de nuevas políticas, sino también de una nueva forma de hacer política, que se distancie netamente de las formas tradicionales de corrupción de las élites político-económicas, que combata el clientelismo y las puertas giratorias y que cumpla una función ejemplar, propiciando una nueva cultura política mucho más beligerante con cualquier forma de picaresca. Eso requiere una pedagogía de valores alternativos, como la desarrollada, por ejemplo, por el ex-presidente uruguayo José Mujica, insistiendo en la cooperación y la solidaridad desde la humildad, frente a la sacralización de la competencia. Ir avanzando en esas políticas y afianzando esos valores es en mi opinión lo que cabe a corto plazo, a la espera de que futuros contextos favorezcan cambios más estructurales.