Las seis condiciones de Rivera

Dicho esto, la propuesta de Rivera entraña algunas dificultades. O bien el líder catalán tiene ya cerrado un acuerdo con el PP, o mucho nos tememos que dentro de unos días volvamos a la vergonzante parálisis política que nos asola desde diciembre del año pasado. Para empezar, parecería que las seis condiciones tuvieran un carácter imperativo y que su consecución dependiera de la mera voluntad de Rajoy y su partido. Sin embargo, cualquier observador puede llegar a la fácil conclusión de que el actual presidente del Gobierno en funciones solo puede asegurar a Rivera que su partido apoyará con sus votos las reformas necesarias para regenerar democráticamente España. Ello puede facilitar el acuerdo con Rajoy, pero dados los números que se manejan en el Congreso, no garantiza que las condiciones se realicen o que incluso tengan el resultado esperado: el proceso político parlamentario puede deparar sorpresas cuando no se tienen los escaños requeridos para ganar las votaciones.

Al margen de esta cuestión general, conviene detenerse en las seis condiciones exigidas por Rivera y su partido. Sorprende, en primer lugar, el carácter contradictorio de algunas propuestas. Por ejemplo, la reforma de la ley electoral, destinada a conseguir una mayor proporcionalidad que asegure más representantes a las formaciones pequeñas, va en la dirección contraria de lo que parece demandar la actual situación de bloqueo político: una mayor expresión del pluralismo aumentaría la fragmentación partidista y la capacidad de veto entre formaciones, lo que haría mucho más difícil la gobernabilidad. La famosa cultura del consenso, que debería haber aparecido como consecuencia del final del bipartidismo, ni está ni se la espera, a la cruda realidad política nos remitimos. Algo parecido podría decirse de la limitación de mandatos ejecutivos nacionales, autonómicos y municipales, que además de que requiere una reforma constitucional, es más propia de sistemas presidencialistas que propiamente parlamentarios, como es el caso de la forma de gobierno reconocida en el art. 1 de nuestra Constitución.

Se insiste también en la eliminación de los aforamientos, a los que de nuevo se tachan de «privilegio», cuando en realidad son una prerrogativa institucional con más desventajas procesales para los afectados que para un ciudadano común. Ciertamente, esta figura ha ido desapareciendo en el derecho comparado y en España se generalizó en los inicios de la andadura democrática como consecuencia de la desconfianza ante el poder judicial y la actuación irresponsable del legislador. Sin embargo, su supresión definitiva no depende ni mucho menos de Rajoy o del PP, sino que obligaría a una actuación en cascada del poder de reforma constitucional y de los legisladores estatales y autonómicos, pues habría que modificar los Estatutos. Más sencillo parece el cambio en la ley del indulto, cuyo mayor problema radica no en que se utilice para librar a los corruptos de la cárcel, sino en la eliminación a finales de los años 80 de la exigencia de motivación para otorgarlos. Esta exigencia debería ser recuperada, añadiéndose además la opinión vinculante del tribunal juzgador y, como reclama Rivera, la prohibición de que el Gobierno pueda realizar indultos en delitos que generen una especial alarma social.

Así las cosas, Rajoy y el PP sólo tendrán dificultades para aceptar el envite del líder de Ciudadanos en los asuntos en los que el cumplimento de las condiciones depende, en gran medida, de ellos mismos. Separar a los cargos gubernamentales (que no representativos) imputados por casos de corrupción es tarea sencilla, en gran medida porque es un asunto con poco recorrido institucional. Poner en marcha una comisión de investigación que sirva para juzgar exclusivamente la financiación ilegal del propio PP es más complicado. Sobre todo teniendo en cuenta que este asunto está siendo abordado en diversos procedimientos judiciales y que las comisiones de investigación suelen deparar en nuestro país espectáculos parlamentarios deleznables. Sea como fuere, Rivera y los suyos vuelven a tomar la iniciativa política, con una propuesta que no solo interpela al PP, sino que coloca al PSOE ante una disyuntiva de enorme importancia: si hay finalmente acuerdo, tendrá que abstenerse y pasar a la oposición, u oponerse y provocar elecciones. La decisión no parece fácil.