Incógnitas de la investidura

El primer escenario vendría determinado porque los partidos, dentro de diez días, mantengan sus posiciones actuales. No cabe ninguna duda de que corresponde al Partido Popular liderar el futuro gobierno y formar la mayoría. Desde esta óptica, Mariano Rajoy es el candidato que más respaldo parlamentario puede obtener, pero -si no cambian las cosas- ese apoyo será insuficiente para ser investido. Mariano Rajoy cuenta con 137 escaños, un voto de Coalición Canaria, 32 abstenciones de Ciudadanos y 180 votos en contra. En este contexto, tras las consultas preceptivas, el jefe del Estado tendría constitucionalmente dos opciones. La primera, esperar y no proponer ningún candidato si considera -con toda razón- que no hay ninguno que no vaya a ser rechazado, y dar tiempo a los partidos para que hagan lo que no han hecho hasta ahora, dialogar y pactar. O bien, haciéndose eco de una opinión dominante según la cual los tiempos deben reducirse todo lo que puedan, proponer a finales de mes un candidato para que, con su rechazo, se active el reloj electoral, y con la amenaza de la celebración de las terceras lecciones sesenta días después, los partidos se tomen en serio la tarea de alcanzar un acuerdo. Naturalmente, en este segundo escenario, la incógnita es si Mariano Rajoy aceptaría, o no, someterse a una eventual primera investidura fallida en el supuesto de que el Rey le proponga ser candidato. Si, con lealtad al Rey, acepta, no se plantea problema constitucional alguno. Pero en el supuesto de que decline el ofrecimiento regio, nos enfrentamos de nuevo a una laguna constitucional. Para desbloquear la situación -y sólo a esos efectos- el Rey debe presentar -como último recurso- a un perdedor, por lo que ante los riesgos que plantea la elección de un candidato fallido, el jefe del Estado podría volver a situarse en el primer supuesto y decidir esperar. ¿Hasta cuándo? No es una decisión sencilla. En todo caso, su desenlace -imprevisible- podría ser similar a lo ocurrido en marzo y concluir en unas terceras elecciones.

El segundo escenario que exige que los diputados socialistas simplemente se abstengan, permitiría formar gobierno a Mariano Rajoy. Ahora bien, se trataría de un gobierno que con sólo 138 votos a favor, investido gracias a la abstención del principal partido de la oposición, no contaría con fuerzas suficientes para legislar y tampoco podría aprobar los presupuestos. Sería un gobierno formalmente parlamentario pero de una debilidad extrema. De hecho existiría una mayoría parlamentaria contraria que podría derogar la obra legislativa del Partido Popular. En este segundo escenario, las terceras elecciones se retrasan pero no se evitan. Y ello porque si la investidura no está basada en un programa político, aunque sea de mínimos, y apoyado por una mayoría de diputados, el gobierno que de ella surja solo tendrá de gobierno el nombre. Pero no podrá gobernar. En ese contexto de obstruccionismo, en unos pocos meses, el presidente Rajoy disolvería las cámaras y convocaría unas terceras elecciones en clave plebiscitaria. Por ello digo que con la mera abstención del PSOE -sin un compromiso mayor- las terceras elecciones podrán retrasarse unos meses pero no evitarse. Este escenario implica una crisis institucional grave y debe por ello ser evitado.

El tercer escenario, que en el día de hoy es lamentablemente el menos probable de todos, pasa por abandonar la política de Juego de tronos que inspira a Iglesias Turrión, pero que practican también, en buena medida, los demás actores de nuestra escena política. Una política centrada en quién va a ocupar el poder y no en qué se va a hacer con él. El abandono de esta forma de concebir la política exige reemplazar la lógica del presidencialismo centrada en quién va a presidir el Gobierno por la lógica parlamentaria que pivota sobre cuál va a ser el programa político de dicho Gobierno, el cual para ser efectivo debe contar necesariamente con una mayoría comprometida con aquel. Para ello, el PP, el PSOE y Ciudadanos deberían haber designado el mismo día 27 de junio comisiones negociadoras para intentar alumbrar un acuerdo aunque fuera de mínimos. Corresponde al Partido Popular liderar ese proceso de diálogo y acuerdo porque -aunque representa a menos de uno de cada tres españoles en voto válido- ha sido el claro vencedor de los últimos comicios. El Partido Popular no puede descargar su responsabilidad sobre otros. Debe hacer todos los esfuerzos posibles por forjar un acuerdo susceptible de ser respaldado por una mayoría de diputados.

La formación de esa mayoría es un presupuesto necesario para la investidura de un gobierno materialmente parlamentario, es decir, un gobierno estable que pueda afrontar las reformas imprescindibles que requiere el país. El Partido Popular debe ser consciente de que para forjar este acuerdo habrá de hacer concesiones y no descartar que, consecuencia inevitable de ellas, el próximo presidente del Gobierno deba tener un determinado perfil: talante reformista y vocación internacional.