Voluntad política, sí

Pero comprobamos, con cierta frustración, que no se lo habían leído. Ninguno de los partidos ha hecho una propuesta sensata. Unos ni siquiera la contemplaban, otros proponían un plan nacional de atención a enfermos crónicos o elaborar leyes de muerte digna, sedación terminal, despenalización de la eutanasia dependiendo de su espectro derecha-izquierda, pero ninguno garantizaba en cada uno de sus programas lo que los ciudadanos necesitan cuando se encuentran en la fase terminal de una enfermedad, como es una atención de calidad. En este caso, no había voluntad política, voluntad que es fundamental para garantizar los derechos y la dignidad de las personas al final de sus vidas.

El viernes pasado, el Parlamento vasco aprobó la ley 11/2016, de 8 de julio, de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida. En el Parlamento vasco sí ha habido voluntad política. Nuestros parlamentarios han sabido apartar sus diferencias para elaborar con sus coincidencias una ley teniendo en cuenta a los ciudadanos que representan y no otros intereses partidistas. Gracias, señorías. Creo que una vez más debemos estar orgullosos de nuestro pueblo representado por políticos con sentido común. Tal vez debieran tomar nota en el Parlamento español.

En este artículo deseo expresar mi respeto por los políticos de nuestro Parlamento vasco por haberse puesto de acuerdo en esta ley. Estoy seguro de que cada uno de los grupos parlamentarios ha renunciado a alguna de sus propuestas para conseguir un consenso en lo fundamental, pensando en los ciudadanos, no en sus partidos.

Entre todos, han aprobado una ley que garantiza el derecho de todas las personas a recibir cuidados paliativos integrales y un tratamiento adecuado para hacer frente a los síntomas físicos y a los problemas emocionales, sociales y espirituales consustanciales a dicho proceso. Esta ley para garantizar de manera efectiva la plena dignidad de la persona en el proceso final de la vida no solo establece y desarrolla los derechos que le asisten en esta situación, sino que también determina los deberes del personal asistencial y sanitario que atiende a los pacientes durante este proceso, y atribuye un conjunto de obligaciones a las instituciones sociales y sanitarias públicas o privadas en orden a garantizar los derechos de los pacientes.

La sociedad vasca también se debe responsabilizar en el cumplimiento de esta ley. Se ha comenzado ya a contribuir a esta responsabilidad social de las instituciones en un tema importantísimo como es la formación específica de los profesionales en la atención integral al final de la vida. Instituciones como la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, el Colegio de Médicos de Bizkaia, así como el propio Departamento de Salud continúan formando a los profesionales desde la propia responsabilidad docente o desde el respaldo institucional.

El Plan de Cuidados Paliativos de Euskadi 2016-2020, con el que el Departamento de Salud del Gobierno vasco desea abordar los cuidados paliativos con un proceso de atención y mejora en la fase final de la vida, será una gran herramienta para conseguir que la citada ley -aprobada hace unos días- sea una realidad y los ciudadanos vascos se beneficien de su aplicación eficaz.

Solo me queda agradecer a nuestros parlamentarios su actitud inteligente por haber liderado el consenso tras los debates, basándose en las aportaciones de los expertos a los que nos invitaron a comparecer ante la comisión que elaboró el proyecto de ley. No me cabe duda de que, en el Parlamento vasco, sí ha habido voluntad política. Eskerrik asko.