Los ex presos de ETA acusan al Gobierno vasco de animarles al «suicidio político»

En este sentido, tras asegurar que están de acuerdo con utilizar la «legalidad ordinaria», advierten de que «invitar» al EPPK (colectivo de presos de ETA) a cumplir «la legislación de excepción» es legitimar una práctica que lleva a una «vía muerta» como, a su juicio, es la 'Vía Nanclares'. Además, aseguran que el PNV les pide «el suicidio político, entregar la cabeza política de la izquierda abertzale en una bandeja de plata».

Esta reflexión se recoge en un artículo publicado en el diario Gara titulado 'Estamos a otra', que también es suscrito por los expresos Oihana San Vicente Saez de Zerain, Juan Mari Gabirondo Agote, Juan Carlos Arruti Azpitarte, Oihana Garmendia Marin, Iñigo Akaiturri Irazabal y Mertxe Galdos Arsuaga. En el artículo, se recuerda que la manifestación a favor de los presos del pasado 17 de abril en Bilbao, dejó «varias conclusiones» y «algún movimiento» por parte de quienes «quieren gestionar el espacio de las presos en clave de rédito político interesado».

A su juicio, en esa marcha se evidenció que los ex presos demuestran que «es posible una acción movilizadora de envergadura» y que han realizado una «labor ideológica, dando a conocer las aportaciones del EPPK en clave de resolución y convivencia». Una tercera conclusión es que la izquierda abertzale llenó las calles de Bilbao «ofreciendo cobertura política a las decisiones del colectivo».

Respecto a los movimientos detectados, destacan «la socialización» de las decisiones del colectivo de presos expuestas en el documento de diciembre de 2013 (derogación de las leyes de excepción, utilización de la legalidad) ha traído «unas respuestas con cierto aire de incomodidad» por parte del PNV.

Por otra parte, subrayan que la Secretaría General para la Paz y la Convivencia ha hecho «su particular aportación» enviando a las presos un documento informativo sobre beneficios penitenciarios.

«Modelo de reconciliación y normalidad»

En relación al PNV, afirman que las declaraciones de algunos miembros de este partido, se pueden entender como «una forma de autoafirmación en un camino que no va a llevar al modelo de reconciliación y normalidad que se necesita».

«Pensamos que el marco en el que están situadas todas estas cuestiones, rezuma intereses partidistas. Diríamos que es un marco ideológico de parte», añaden.

El grupo de ex presos aseguran que, cuando hablan de marco ideólogico «de parte», no quieren eludir «responsabilidades», y señalan que, cuando se establezca el marco adecuado, estarán «a la altura de la circunstancias», pero, en estos momentos, existe «un gran problema para que podamos expresarnos en estos términos».

En concreto, manifiestan que, en el marco existente, no pueden explicar cuáles «han sido y, algunos todavía siguen siendo» sus «miedos, angustias, problemas y opciones».

Criticas al PNV

El grupo de ex presos afirma que le cuesta entender y le «duele» que un partido como el PNV, con «todo el peso que tiene, su experiencia en política y su demostrada capacidad para llegar a acuerdos con otros», se comporte «de la manera que lo hace» con la izquierda abertzale, en una cuestión como la resolución de las consecuencias del conflicto.

«Nos está pidiendo es el suicidio político, entregar la cabeza política de la izquierda abertzale en una bandeja de plata. Intentaremos no caer en ese nihilismo político al que nos quieren abocar», critica.

Tras afirmar que su posición no es «intransigente», aseguran ser conscientes de que se deben «dar pasos», mostrar «actitudes constructivas» y hacer declaraciones «comprometidas, que acerquen al objetivo deseado de normalidad y reconciliación».

«Pero no lo podemos hacer desde el marco oficial que se nos ofrece, porque es un marco que está diseñado para declarar vencedores y vencidos. Por lo tanto, nos toca construir uno nuevo que trate con equidad y de manera crítica todos los espacios de verdad, justicia, memoria y reparación», aseguran.

Documento

Por otra parte, en relación al documento sobre 'Beneficios penitenciarios legales' que la Secretaría de Paz ha enviado a los presos, precisan que contiene dos partes diferenciadas, la primera expone los artículos en los que se fundamenta el Reglamento Penitenciario en el área de beneficios penitenciarios, y la segunda, en un apartado que titula 'Cuatro factores que pueden contribuir a los procesos de resocialización', los «interpreta».

Según indican, en esta interpretación, la exigencia que se hace para acceder a los beneficios penitenciarios es «política, como lo es la Ley 7/2003 -que elevaba de 30 a 40 años de cárcel la pena máxima para delitos de terrorismo- que es en la que están fundamentadas estas exigencias; una ley de excepción que obstaculiza el poder acceder a los beneficios penitenciarios», añaden.

En este sentido, aseguran que exigir «posicionamientos políticos» para acceder a la legislación ordinaria es «darle carta de naturaleza a las leyes de excepción», que basan su razón de ser en el «'derecho penal del enemigo' y en el 'populismo punitivo'».

El grupo de ex presos afirma que la Secretaría General para la Paz y la Convivencia, en lugar de criticar «estas leyes de excepción» y pedir que «desaparezcan cuanto antes», lo que hace es «animar a los presos a que la cumplan».

«Aceptando, con ello, la misma realidad que nos llevó a la imposición de la doctrina Parot y que fue invalidada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La Ley de excepción se establece en 2003, pero se aplica 'de facto' a todo miembro de EPPK, rompiendo, con ello, con el principio jurídico de la retroactividad. Esta ley no puede afectar a las personas juzgadas con códigos penales en vigencia anteriores a 2003», indican.

En este sentido, aseguran que en el documento enviado «se ignora este principio jurídico fundamental», lo que, a su juicio, es «muy grave», y les crea «un montón de dudas sobre las verdaderas intenciones del documento».

Los expresos afirman que, si se quiere hablar de política en este tema hay que establecer el terreno de juego del debate y, si el terreno es «democrático», hay dos tipos de derecho que «no son compatibles: derecho penal del enemigo en contraste con el derecho penal del ciudadano normal».

En el artículo, se indica que el derecho no puede basarse en normas penales «destinadas al enemigo y diferentes a las de los restantes de los ciudadanos» y creen que estas disposiciones «tienen el objetivo de crear clases inferiores entre los ciudadanos».

Tras recordar que 2006 el representante del PNV Emilio Olabarria, exponía que, para alcanzar la normalidad política habría que derogar varias leyes como la Ley de Partidos Políticos; los artículos 571 y 574 del Código Penal que califican de banda armada a quienes pretendan subvertir el orden constitucional; el artículo 18 del Código Penal en relación al delito de apología, los exreclusos afirman que son «ejemplos» que expresan la contradicción que entre «la práctica democrática y la función de estas leyes de excepción».

Por ello, creen que invitar al EPPK a cumplir «esta legislación de excepción» es algo que «legitima una práctica que lleva a una vía muerta que algunos se han empeñado en revitalizar».

«Utilizar la legalidad ordinaria es un derecho que reclamamos. Aceptar las disposiciones de las leyes excepcionales nos posiciona en la vía Langraitz (Vía Nanclares), que no es aceptada ni por EPPK ni por la izquierda abertzale», concluyen.