Un excomisario de Derechos Humanos pide retoques en la futura Ley de Abusos Policiales

El excomisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa Álvaro Gil-Robles advirtió ayer que la ley de abusos policiales que pretende aprobar el Parlamento vasco presenta en su redacción cuestiones que pueden dar alas al Gobierno central para que presente un recurso en su contra. El abogado, último de los expertos en comparecer ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Vitoria para ayudar a mejorar esta propuesta, animó a los partidos a introducir algunos «pequeños» cambios que impedirían que suceda lo mismo que con el decreto de 2012.

Ese texto reconocía a víctimas de excesos en el periodo entre 1960 y 1978 -la futura ley abarcará hasta 1999- y parte de su articulado fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a instancias del Ejecutivo de Mariano Rajoy. El también profesor universitario recomendó ayer a los parlamentarios «armar bien» la ley, por lo que consideró necesario apostar por «términos seguros jurídicamente» que eviten «conflictos competenciales». Uno de los problemas que aprecia surge de la propia exposición de motivos, que recoge que la norma «significa reconocer que se han producido abusos, excesos y acciones de represión ilícita». Para Gil-Robles, hay que «matizar» esa manifestación «tan tajante» porque da por hecho que los abusos se han producido y la norma «no tiene que reconocer» en sí misma esas vulneraciones de derechos humanos, sino que «es un instrumento para determinar después que han existido esos abusos».

De no introducirse cambios, indicó que se «puede buscar» desde otras instituciones la manera de poner en entredicho el documento. En su comparecencia dejó claro que deben desaparecer los conceptos que puedan dar lugar a distintas «interpretaciones» y que se tienen que «modular» algunas expresiones que hacen que la ley vaya «camino del recurso». Detalló en ese sentido que los puntos que hablan de la «instrucción» que desarrollará la Comisión de Valoración antes de reconocer o no a una víctima puede llevar la norma a los tribunales si no se llevan a cabo algunas ligeras variaciones.

«Dinámica negativa»

A juicio del experto, cuando el documento dice que «las instituciones públicas suministrarán, en tiempo y forma, todos los datos que les sean requeridos» se está actuando fuera de las competencias de una ley de ámbito autonómico. De la misma manera sucede en otro artículo de redacción similar en el que se menciona, además de a las administraciones, a «entidades u órganos privados o públicos».

Gil-Robles cambiaría el término «requerimiento» porque «parece que la comisión será un órgano judicial y no es así». Se debería «solicitar» o «pedir auxilio» para que no exista tal conflicto y que el Ejecutivo no recurra la norma o que otras instituciones respondan a las peticiones que «no te dan la información porque no eres quién para exigirla». «No hay que dar pie a que pongan como excusa un defecto de forma para no llegar al fondo de un asunto», insistió.

El abogado, que formó parte de la Comisión de Valoración que derivó del decreto de 2012, planteó también algunas cuestiones sobre el funcionamiento de ese órgano. La ley recoge que formarán parte de este comité tres forenses que elaborarán los informes, pero él apuesta por encargar un «peritaje externo» al Instituto Vasco de Medicina Legal para evitar choques entre los miembros. «No me gustaría estar en una reunión y pedir un contrainforme porque no me gusta el de mis compañeros. Se crearía una dinámica negativa», clarificó.