El coste y el sentido de las elecciones

Las gastos y el significado de las campañas guardan relación, en última instancia, con dos formas diferentes de comprender las elecciones y la democracia. La democracia puede ser entendida como el método que garantiza que las normas y el orden jurídico y social responden a los valores e intereses de los propios ciudadanos sometidos a ese orden (Kelsen). Desde esta óptica, la finalidad de una campaña electoral es debatir sobre los problemas de todo tipo que aquejan a la sociedad, y sobre los diferentes modos de encauzarlos. El resultado de las elecciones determinará el mayor o menor respaldo de unas soluciones sobre otras y, en todo caso, exigirá un compromiso o transacción entre ellas.

Junto a ella, existe otra forma de entender la democracia, según algunos más realista, pero ciertamente menos valiosa. La democracia se concibe como un simple método para seleccionar a los dirigentes (Schumpeter). La campaña electoral se concibe como una competición entre distintos candidatos en un mercado electoral en el que rigen las técnicas de la publicidad comercial. La finalidad de las elecciones es seleccionar a unos líderes -el presidente del Gobierno, sobre todo-, sustituyendo a otros.

Según la primera concepción de la democracia, lo relevante en unas elecciones son las propuestas y programas de los partidos. Según la segunda, los candidatos -y los candidatos a la presidencia del Gobierno sobre todo- son los verdaderos protagonistas. Realmente ambas teorías se complementan puesto que tanto los candidatos como los programas importan. Pero difieren respecto a cuál de estos dos elementos -programas o candidatos- se le atribuye mayor importancia.

En las próximas elecciones, como todas las que se celebran en el marco de sistemas parlamentarios, los ciudadanos no estamos llamados a elegir un presidente del Gobierno -esa es tarea que corresponderá después al Congreso de los Diputados- sino a optar entre distintas fórmulas o programas para resolver nuestros problemas colectivos: desempleo, desigualdad creciente, corrupción, futuro de las pensiones, calidad de la educación, etc. Estos problemas no se corregirán por el mero hecho de sustituir en el Gobierno a unas personas por otras. Solo podrán ser superados si se modifican las políticas y las normas que han conducido a ellos.

Por ello, la campaña y el debate deben girar sobre las diferentes propuestas para mantener o modificar las actuales políticas. Aunque los partidos se gasten miles de euros en colocar carteles, por todas las ciudades de España, con las imágenes de los candidatos que se propugnan a la presidencia del Gobierno, en Vitoria o en Bilbao, como en el resto de España, los ciudadanos no estamos llamados a optar entre Rajoy, Sánchez, Iglesias o Rivera, sino a elegir a los diputados que corresponden a cada provincia. Los líderes mencionados se presentan exclusivamente en la provincia de Madrid, por lo que sólo allí pueden ser votados.

Para afrontar los múltiples problemas sociales, económicos y políticos que nos aquejan, caben diversas propuestas. Propuestas que no se reconducen a dos -blanco o negro- como quieren hacernos creer los que apuestan por la polarización de la sociedad, sino que son plurales y admiten múltiples matices. Los partidos tienen que explicar y justificar a la sociedad el contenido y la bondad de sus programas, y reconocer que, después del 26 de junio, será preciso llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas, lo que inevitablemente exigirá renuncias y concesiones mutuas. Entre las concesiones necesarias para alcanzar un acuerdo de gobierno puede figurar también la renuncia del eventual candidato a la presidencia del Gobierno por parte de un partido y su sustitución por otro.

En este sentido, bien podría ocurrir que a pesar de repetir como candidatos a la presidencia del Gobierno, ni Rajoy ni Sánchez logren ser investidos por el Congreso que surja de las próximas elecciones. Esta eventualidad confirma que, en unas elecciones parlamentarias, los programas políticos de los distintos partidos revisten mayor importancia que el candidato que propugnan para la presidencia del Gobierno. El problema es que los partidos se resisten a reconocerlo así, y por no haberlo hecho, estamos llamados a repetir las elecciones. Para evitar otra legislatura frustrada, convendría que los principales partidos que -incomprensiblemente- se han negado a reemplazar a sus líderes centren la campaña en sus propuestas y programas de gobierno. Sobre esos programas habremos de pronunciarnos los ciudadanos. La elección del presidente de Gobierno no nos corresponde.