Hace un par de años, un conocido me comentó, a cuenta de una serie de incidentes que habían ocurrido en un partido europeo del Athletic, que llegado el momento, la autoridad civil -en este caso, el Gobierno vasco- no podía intervenir ni tomar ninguna decisión ... dentro de un campo de fútbol, sin la aquiescencia de la UEFA. Me quedé sorprendido. Le señalé que, en principio, no había ninguna parte del territorio del Estado que quedara al margen del ordenamiento jurídico y de las decisiones del poder público. Este tipo de comentarios también suele escucharse con respecto a las universidades: «En el recinto universitario manda el rector», suele decirse. Naturalmente, fue imposible sacarle del equívoco, porque se lo había escuchado a alguien en la televisión y contra la razón comunicativa no valen argumentos racionales.
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Veo, sin embargo, que este tipo de pensamiento mágico ha alcanzado a la Administración del Estado. La Delegación de Gobierno en Madrid ha anunciado que no permitirá introducir ni banderas esteladas ni otros símbolos no constitucionales a la final de Copa del Rey que disputarán el domingo el Barcelona y el Sevilla en el estadio Vicente Calderón. Sorprende, en primer lugar, que la decisión se ampare en el art. 2 de la ley del Deporte, que prohíbe la exhibición en los recintos deportivos de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que, por su contenido o por las circunstancias en las que se exhiban o utilicen de alguna forma inciten, fomenten o ayuden a la realización de comportamientos violentos o terroristas.
Dejemos una cosa clara: la estelada, símbolo con el que se identifican los independentistas catalanes, es una bandera constitucional. No en el sentido de que pueda presidir, por ejemplo, edificios o espacios públicos. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha dado la razón a Sociedad Civil Catalana en su denuncia de la utilización por parte de algunas instituciones catalanas de una enseña de partido que no representa al conjunto de la sociedad, sino solo a una parte. Neutralidad ante todo. Ahora bien, cualquier ciudadano o asociación puede utilizar y portar dicha bandera porque le ampara la libertad de expresión reconocida en el art. 20 de la Constitución. Particularmente, considero que los símbolos no compartidos dividen a las sociedades: sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional han señalado claramente que el discurso democrático debe tolerar expresiones que puedan resultar subjetivamente molestas y desabridas.
Por lo tanto, la Delegación del Gobierno no solo hace una interpretación manifiestamente errónea de la ley del Deporte, en el sentido de considerar la estelada como un símbolo que incite o fomente la realización de comportamientos violentos. Es que, además, con su decisión deja fuera de los campos de fútbol a la propia Constitución, que parece que tiene vigencia según el ámbito espacial donde pretende ser aplicada. El independentismo es una posición política amparada por la libertad ideológica del art. 16 de la Constitución, solo limitada por las normas del Código Penal y la ley de Partidos, que vedan el uso de la violencia para defender las ideas. Es importante que no haya malentendidos: el comportamiento de una minoría de independentistas en Cataluña con los que disienten de sus opiniones es a veces intolerable, se ha vuelto a demostrar esta semana cuando la subdelegada del Gobierno y profesora de comunicación, Inma Mansó, ha tenido que salir escoltada de la Universidad de Lérida ante las amenazas e insultos de alumnos que campan a sus anchas por los campus y que por lo general forman parte de asociaciones nacionalistas radicales.
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Pudiéramos adoptar otra posición distinta para justificar la retirada de las esteladas: la final de Copa del Rey es un acontecimiento que, aunque público, está organizada por una entidad de carácter privado, como es el caso de la Federación Española de Fútbol. La UEFA, la FIFA y otras entidades deportivas también suelen esgrimir estos argumentos para dejar sin efecto normas de carácter laboral, administrativo o civil. Hay que recordar, sin embargo, que el Tribunal Supremo ya ha dictado diversas sentencias (por ejemplo, el caso del ciclista Roberto Heras), en las que ha corregido las sanciones deportivas que no se ajustan a la legalidad sancionadora general. La reciente ley de Adicciones del Parlamento vasco, sin ir más lejos, ha prohibido la venta de alcohol en San Mamés y otros recintos deportivos: de nuevo, la Constitución y el ordenamiento jurídico estarán vigentes el domingo en el Vicente Calderón, por lo que cabe un recurso de alzada contra la decisión de la Delegación del Gobierno de Madrid.
Hay que tener cuidado con la guerra de símbolos. El año pasado, los aficionados del Athletic y el Barcelona protagonizaron una sonora pitada al himno nacional: comportamiento maleducado, amparado e incentivado por algunos políticos y poderes públicos, que solo contribuyó a generar tensión y enfrentamiento. Hace unos años, un extraordinario documental explicaba la importancia que en el conflicto balcánico tuvo el gesto del pívot serbio Vlade Divac, arrancando una bandera de la República de Croacia de las manos de un aficionado yugoslavo. Prohibir el uso de una enseña protegida por la Constitución solo sirve para exacerbar emociones y para alimentar el victimismo del independentismo, que rápidamente ha puesto en marcha todos los resortes comunicativos para anunciar la enésima afrenta al pueblo catalán.
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