El Gobierno de Urkullu evita pedir cárcel para los exdirigentes del PNV del 'caso De Miguel'

El Ejecutivo nacionalista no sólo evita solicitar prisión para los principales encausados, todos ellos exburukides o antiguos cargos públicos jeltzales. Reclama, además, que Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu -esposas de los presuntos cerebros de la trama, Alfredo de Miguel, Koldo Otxandiano y Aitor Tellería- sean eximidas de cualquier responsabilidad penal. Algo parecido a lo que defienden los abogados de la infanta Cristina en el juicio por el caso Nóos.

Los servicios jurídicos de la Administración vasca emplean un argumento ciertamente sorprendente para evitar ir contra los políticos del PNV. «Dado el carácter exhaustivo de la calificación provisional realizada por el Ministerio Público y lo elevado de las penas solicitadas por el mismo, entendemos que sería redundante cualquier aportación por nuestra parte en relación con la calificación penal de los hechos enjuiciados», se afirma en el escrito.

De esta forma, el gabinete de Urkullu se limita a pedir que siete de los encausados (De Miguel, Tellería, Otxandiano, Josu Montes, el exconcejal de Leioa Iñaki San Juan, el exviceconsejero vasco de Cultura Gurutz Larrañaga y el exdirector vasco de Juventud Xabier Sánchez Robles) sean condenados a abonar conjuntamente una multa de 221.779 euros en concepto de indemnización por el quebranto que su actuación ha originado a las arcas públicas vascas.

«Indecente»

¿Cómo encaja este comportamiento del Ejecutivo que encabeza Iñigo Urkullu con las palabras que el entonces presidente del EBB pronunció cuando se destaparon los hechos, en marzo de 2010? En aquel momento, los jeltzales no dudaron en calificar la actuación de la trama de «chapucera, asquerosa e indecente». No sólo. Urkullu exigió a los tres principales imputados que devolvieran cautelarmente el carné al partido para no dañar más a la organización.

Pero ni Alfredo de Miguel, ni Aitor Tellería, ni Koldo Otxandiano, todos ellos afines a la corriente más soberanista del partido liderada por Joseba Egibar, atendieron los sucesivos emplazamientos del EBB. No fue hasta enero de 2011 cuando entregaron sus carnés del PNV. Y sólo lo hicieron tras reunirse con Egibar en el Parlamento de Vitoria. «Nosotros hemos hecho lo que nos pedíais. Ahora os toca a vosotros demostrar que no nos dejais solos», lanzaron desafiantes los imputados.

Dicho y hecho. Desde aquel preciso instante, el PNV -partido en el militan casi una veintena de los procesados- se ha cuidado muy mucho de evitar dejar tirados a los presuntos cabecillas de la mayor trama de corrupción que se ha destapado en Euskadi, vaya usted a saber por miedo a qué. Al revés, se ha mojado en su favor pública y privadamente, y ha atacado con dureza a quienes han investigado o simplemente opinado sobre el asunto.

El PNV fue el único partido que rechazó las conclusiones de la comisión de investigación del Parlamento vasco que condenó la trama. Se encargó de hacerlo María Eugenia Arrizabalaga, mano derecha de Egibar, que curiosamente acaba de ser ascendida a miembro del nuevo EBB. Cuando la Fiscalía hizo público su escrito de acusación, el pasado mes de marzo, la dirección jeltzale cuestionó abiertamente, otra vez más, el trabajo de la oficina del fiscal Iosu Izaguirre, tildó de «llamativas» las elevadas penas de cárcel solicitadas para los 26 imputados y reclamó «rigor procesal» y garantías de que los acusados tendrán un «juicio justo».

Los chanchullos

El caso De Miguel se destapó en marzo de 2010 cuando la Ertzaintza realizó un amplio despliegue y detuvo en sus domicilios a ocho personas, todas ellas rostros muy conocidos del PNV alavés. Se trataba de Alfredo de Miguel, diputado foral, número dos del ABB y candidato in pectore a presidir la organización jeltzale alavesa unos meses más tarde, el burukide Aitor Tellería y el excontable del Parque Tecnologico de Álava Koldo Otxandiano, así como las esposas de los tres, el exgerente de Miñano Alfonso Arriola y uno de los constructores mejor tratados por los gobiernos del PNV, Jon Iñaki Echaburu.

Pronto se conocería que el fiscal jefe de Álava, Iosu Izaguirre, había recibido cuatro meses antes una denuncia de la abogada y empresaria bilbaína Ainhoa Alberdi, quien en 2006 había sido contratada a dedo para gestionar la ampliación de Miñano gracias a los contactos de su socio, Echaburu. Entonces, ¿por qué presentó la denuncia? Un total de veinticuatro grabaciones aportadas por Alberdi parecen probar que De Miguel y Tellería le reclamaron dos tercios del contrato de 471.000 euros como comisión, ilegal claro.

Desde círculos próximos al PNV y desde el propio partido siempre se ha dicho sotto vocce que este caso era un asunto menor en relación a las corruptelas descubiertas en los últimos años en otras zonas de Españ, que afectan al PP, PSOE o Convergència. Las prolijas investigaciones llevadas a cabo por el juez Ramos y el fiscal Izaguirre, con el imprescindible trabajo de especialistas de la Ertzaintza, permite concluir que De Migue y los suyos cobraron o lo intentaron mordidas por un importe mínimo superior a los 660.000 euros.

La trama y la compleja red de empresas pantalla que fue creando desplegaron sus tentáculos en una decena de negocios. La Fiscalía sostiene que parte de los chanchullos salieron adelante porque los encausados y quienes, por ejemplo, les pagaron por informes para el Gobierno vasco que nunca han aparecido pertenecían al mismo partido: el PNV.

El juicio no tiene aún fecha. Se da por seguro que la vista oral no tendrá lugar hasta que se celebren las elecciones generales de junio y las autonómicas vascas de octubre. Eso sí, ya se han autorizado obras en el Palacio de Justicia de Vitoria para habilitar una gran sala en la que quepan los 26 acusados, sus equipos jurídicos y los numerosos medios de comunicación que a buen seguro informarán del desenlace del caso.