Los abogados de reclusos etarras inician una ofensiva en el Supremo para reducir las penas

Los letrados reclaman ante el Supremo después de que dos Secciones de la Audiencia Nacional rechazaran su pretensión inicial al entender que no se puede aplicar la modificación legal de forma retroactiva. Ahora, el alto tribunal debe decidir si admite a trámite sus solicitudes o las rechaza de plano. No es la primera vez que los magistrados se topan con este nuevo precepto. En distintas resoluciones han aplicado ya la norma a favor del reo pero siempre en respuesta a un recurso planteado por una condena reciente.

Como ejemplo, el pasado mes de noviembre el alto tribunal absolvió a cinco miembros de la rama juvenil de ETA, Segi, al considerar que no estaba demostrada su militancia activa en la organización. Ese mismo mes, el Supremo rebajó de 6 a 2 años de cárcel la condena por integración en organización terrorista a otros dos integrantes de Segi, al no constar que ejecutaran actos de violencia callejera ni impartieran directrices en dicho sentido. Entonces el criterio fue la apreciación de que su actuación no había provocado «un miedo colectivo o situaciones de terror o de inseguridad». Tampoco subvirtieron el orden constitucional o alteraron gravemente la paz pública, decía la sentencia.

No obstante, las defensas de presos de ETA dan ahora un paso más y reclaman, por la vía del recurso de revisión, que el precepto se aplique a reclusos condenados hace años. Una compuerta que, en caso de abrirse, provocaría un previsible aluvión de peticiones de revisiones de penas. Los principales beneficiados serían los condenados de aquellas organizaciones del entorno de ETA, como la ya mencionada, y también de otras como Gestoras Pro Amnistía o Askatasuna.

Artefacto explosivo

También la Audiencia Nacional discute en estos días los efectos del artículo. En las cinco decisiones recurridas que ahora podría revisar el Supremo, seis de sus magistrados rechazaron aplicar el descuento de penas. Pero no todos los jueces son de la misma opinión y dos de ellos están a favor de dar la razón a un preso en una situación similar a la del resto, según las fuentes consultadas. Se trata de Alexander Gorka Bustinduy que pidió la aplicación del 579 bis 4 para reducir su condena por pertenencia a Segi y por haber colocado en 2009 un artefacto explosivo en una entidad bancaria de Bilbao. La Audiencia Nacional tiene pendiente la celebración de un Pleno para debatir esta discrepancia.

El nuevo Código Penal está teniendo también efectos previos a la condena. Dos tribunales de la Audiencia Nacional han aplicado ya de forma directa este artículo. Lo hicieron en el caso de los 35 miembros de la reconstruida Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) el pasado 13 de enero después de que admitieran el «daño causado» a las víctimas y pidieran perdón.

Hace unas semanas, cinco miembros de Ekin emularon a los integrantes del partido ilegalizado y aceptaron dos años de cárcel tras renunciar al uso de la violencia. Lo mismo sucedió en el juicio contra el presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Asier Harraiz, que aceptó dos años tras renunciar al uso de la violencia.