Ivia Ugalde
Miércoles, 11 de mayo 2016, 01:21
La autorización de un magistrado para exhumar del Valle de los Caídos los cuerpos de dos hermanos aragoneses fusilados en 1936 en la ciudad zaragozana de Calatayud despierta «expectación» entre las familias del más de un millar de vascos, cuyos restos también reposan en el ... monumento que Francisco Franco mandó a construir en la sierra de Guadarrama en 1940. El portavoz de la plataforma vasca contra los crímenes del franquismo, Josu Ibargutxi, califica la decisión del Juzgado de primera instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) como «una noticia positiva» porque generará un «efecto dominó» en Euskadi y desembocará en «solicitudes de exhumaciones».
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El hecho de que tras cuatro años de litigios Purificación Lapeña pueda recuperar el cadáver de su abuelo y de su tío-abuelo sienta un doble precedente. El primero porque hasta ahora no se había tomado una medida así en el Valle de los Caídos y el segundo porque es un caso inédito por la vía civil. Por ese motivo, Ibargutxi está convencido de que «va a animar a más de un juez a seguir los pasos» del magistrado José Manuel Delgado. Pero advierte de que «va a ser una pelea», un proceso «complicado» debido a su dificultad y porque colectivos como la Asociación para la defensa del Valle de los Caídos ya amenazan con recurrir penalmente para que no se manipulen los osarios y, como consecuencia, se incurra en un «delito de profanación».
En el caso vasco, se conoce a través del mapa de fosas del Ministerio de Justicia que en el monumento que se alza sobre el valle de Cuelgamuros están enterrados 1.063 personas procedentes de Euskadi. Destaca especialmente que 613 son alaveses, frente a los 238 guipuzcoanos y 212 vizcaínos. Historiadores de la Universidad del País Vasco como Manuel Montero, José Antonio Pérez y Javier Gómez Calvo explican que tan alto número se debe a que en ese territorio histórico fueron mayoritarios desde el primer momento los combatientes franquistas, «forzosos o no». «Álava es la segunda provincia de España en volumen de movilizados y de voluntarios franquistas», precisa Gómez Calvo, cuya tesis doctoral se basó en la represión en Álava durante la Guerra Civil.
«Al haber caído rápidamente la provincia en manos de los sublevados, apenas tuvieron opción los republicanos de combatir» y los pocos que intentaron escapar para plantarles cara en otras zonas «fueron asesinados y enterrados en cementerios y fosas comunes», señala Gómez Calvo. De las 193 personas asesinadas por las tropas del general Emilio Mola en la retaguardia, está convencido de que ninguna de ellas fue trasladada al Valle de los Caídos.
«Matanzas terribles»
A diferencia de lo que ocurre en Álava, Gómez Calvo explica que en Gipuzkoa sí pueden predominar las víctimas republicanas porque se cometieron «matanzas terribles» como la que sufrió la población de Hernani en octubre de 1936. Por su parte, en Bizkaia cree que el número esté más igualado entre combatientes franquistas y gudaris y milicianos al producirse una mayor resistencia y tardar un año en caer. Ibargutxi reconoce que «hay una verdadera nube negra sobre la realidad de los más de 33.000 cuerpos que fueron enviados al Valle de los Caídos» y señala que esa «es la gran asignatura pendiente de un Estado que se define como democrático y no ha actuado con responsabilidad para saber la verdad».
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En contraste con la percepción de los historiadores, el portavoz de las víctimas del franquismo en Euskadi señala que los vascos que yacen en el complejo monumental son mayoritariamente republicanos y «muchos más» que los que recoge el Gobierno en sus estimaciones. «El Valle de los Caídos fue un intento de ocultar la gran masacre», asegura. Como ejemplo cita que en Álava «masacraron a alcaldes y concejales por todos los pueblos, maestros, médicos y gente que apoyaba la República. Se los llevaban al monte, les daban un tiro y muchas veces los dejaban en la cuneta conscientemente para aterrorizar a la población».
Ahora con la decisión del juez Delgado cree que se ha sentado un importante precedente que afectará a Euskadi. «Nos consta que miles de familias no quieren que sus seres queridos estén enterrados junto al dictador que les asesinó», sentencia.
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